Mientras se cumplen dos años de la medida judicial que suspendió el funcionamiento del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán, la causa judicial sumó nuevos elementos clave. Y uno de ellos es la postura oficial del municipio respecto a la acción de amparo colectivo impulsada por la organización de usuarios Fodecus, por la Defensoría del Pueblo y por un grupo de “cuidacoches”.

A través de la Fiscalía Municipal que encabeza Conrado Mosqueira, la gestión de la intendenta Rossana Chahla formalizó la contestación al traslado de la demanda, que se tramita ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

En un escrito de 21 páginas, el municipio negó todos los cuestionamientos efectuados sobre la contratación del estacionamiento pago con la UTE Tecno Agro Vial, concretada en 2022 por la administración del entonces intendente Germán Alfaro.

Entre otros puntos, Mosqueira planteó que, en caso de que la empresa estuviera concursada al momento de adjudicarse el contrato -situación que estaba vedada por los pliegos, según algunos de los demandantes-, tal circunstancia sería responsabilidad de la propia UTE. Además, anticipó que el Ejecutivo municipal hace "reserva de reclamar los daños y perjuicios resultantes de dicha maniobra realizada por la empresa".

“Todos los actores, con distinta intensidad, cuestionan la potestad constitucional y legal que tiene mi mandante de gravar tributariamente el uso del espacio de dominio público mediante el sistema de estacionamiento medido y pago”, apuntó el fiscal municipal. Y consideró que “se equivocan” al señalar que el Ejecutivo municipal “no tiene atribuciones” para ello.

 Facultades

Al argumentar su postura, Mosqueira aludió a la autonomía municipal establecida a nivel constitucional. En ese sentido, remarcó que la Capital hizo “pleno ejercicio de sus facultades, por ser el dueño y titular del espacio de dominio público”, por lo cual se avanzó con el estacionamiento pago.

El abogado advirtió luego que “no se acredita cuál sería el perjuicio”, dado que este sistema no se aplica en toda la ciudad, sino en el sector de mayor circulación vehicular. “Es decir, existen lugares con estacionamiento libre y gratuito”, manifestó Mosqueira. Y recordó que este sistema se utiliza “en muchas ciudades argentinas y del mundo para gestionar el uso del espacio público”. “Su objetivo principal es regular la disponibilidad de lugares de estacionamiento en zonas con alta demanda, fomentar una rotación eficiente de los espacios y reducir la congestión vehicular”, enumeró.

En otro párrafo, el fiscal municipal enfatizó que la cautelar por la cual se suspendió este servicio, “está perjudicando la recaudación de recursos genuinos” de la Capital. “La prolongación indefinida del presente proceso de amparo colectivo, que en los hechos lo acerca a un proceso ordinario, afecta nuestra autonomía económica”, insistió.

 Confusión

El letrado se refirió luego a la cuestión de “si la empresa Tecno Agro Vial se encontraba concursada o no al momento de presentarse en el proceso licitatorio o de adjudicación directa”, y aseguró que “la confusión reinante se debe a su propia y exclusiva responsabilidad”. “(El municipio) es el único perjudicado en este proceso”, agregó.

En la sede de 9 de Julio y Lavalle, ante las consultas periodísticas, reiteraron que se debe aguardar la finalización de este proceso para definir el futuro del estacionamiento pago. Con la cautelar vigente y el servicio suspendido, no hay plazos para que ello suceda. De todos modos, el municipio reivindicó en la causa la legitimidad de este mecanismo. Y, en el petitorio final, la Fiscalía Municipal planteó que se declare “la cuestión de puro derecho”, lo que implicaría el inmediato rechazo de la demanda.

Tres puntos clave

- En julio de 2022, la gestión de Alfaro lanzó el estacionamiento pago en la Capital a través de un contrato con Tecno Agro Vial.

- Un mes más tarde, la Sala II dictó una cautelar que suspendió el servicio, en el marco de una acción de amparo colectivo.

- La causa prosigue, y la gestión de Chahla insiste con que la medida afecta la recaudación de recursos al municipio.