Horas después de la publicación del Boletín Oficial, el ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger, apoyó la anulación del decreto que obligaba al Gobierno a contratar los servicios de empresas públicas, como YPF o Nación Seguros. Esta decisión se tomó en medio de una investigación que involucra al ex presidente Alberto Fernández, a su secretaria María Cantero y al esposo de esta, Héctor Martínez Sosa, por presuntos beneficios millonarios obtenidos a través de estos acuerdos como mediadores de la aseguradora.

Sturzenegger destacó que las recientes disposiciones, que también eliminan las contrataciones obligatorias con YPF y el Banco Nación, permitirán “desterrar” prácticas de corrupción. “El Decreto 747/24 firmado hoy por el presidente Javier Milei deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21 eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas”, explicó el ministro desde su cuenta en la red social X.

El Gobierno derogó el decreto que obligaba a contratar los servicios de empresas públicas

El ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri añadió además que las empresas públicas deben estar al servicio de los ciudadanos, y no aprovecharse de ellos. “Si estos privilegios, además, eran utilizados para encubrir actos de corrupción o mantener a una casta política, deben ser eliminados”, subrayó.

El ministro también hizo hincapié en la derogación del decreto 853/23, que obligaba a las entidades a contratar servicio de Nación Seguros y sostuvo que “el sistema era tan absurdo que se contrataba a un 'broker' para gestionar una contratación que era obligatoria por ley”.

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Asimismo, describió que el decreto 1191/12 “obligaba a adquirir pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA”, mientras que el 1187/12 forzaba a los empleados públicos a recibir sus sueldos en el Banco Nación, “impidiendo un ahorro significativo para el Estado”. También mencionó que el decreto 1189/12, ya derogado, “obligaba al Estado a comprar combustible a YPF sin la posibilidad de comparar precios más económicos”.

“Todos estos decretos representaban una transferencia de recursos de los contribuyentes a estas empresas”, aseguró Sturzenegger, quien concluyó con un enérgico: “Eso se acabó. ¡Viva la libertad carajo!”.