El Gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Energía, eliminó los precios máximos establecidos para las garrafas de gas, dejando que las empresas determinen los valores del Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado. Esta medida afecta a casi el 44% de la población que depende de este recurso, en su mayoría hogares sin acceso a la red de gas. La decisión, que se enmarca en la desregulación económica promovida por el DNU 70/2023, busca liberar el mercado de GLP y se espera que estimule la inversión y la competencia en el sector.
Con la eliminación de los topes de precios, la Secretaría de Energía estableció nuevos valores de referencia: $8.500 para garrafas de 10 kg, $10.200 para las de 12 kg y $12.750 para las de 15 kg. A pesar de esta liberalización, la tarifa social del Programa Hogar, que subsidia el costo de las garrafas de 10 kg para familias de bajos recursos, se mantendrá sin cambios. El subsidio continuará siendo gestionado por Energía y ANSES, ajustándose según la provincia.
Desde la Secretaría de Energía confían en que el mercado de GLP se autorregulará, evitando un aumento desmedido de precios. Señalan que las empresas ya vendían por debajo del precio máximo anterior y que subir los precios podría significar una pérdida de competitividad frente a otras empresas. Sin embargo, se reconoció que podría haber un pequeño ajuste al alza en el corto plazo, aunque esperan que la competencia y nuevas inversiones mantengan los precios controlados.
La medida responde a la intención de alinearse con los principios de libertad de mercado, permitiendo mayor flexibilidad en los contratos y potenciando la eficiencia económica del sector. Se espera que, a largo plazo, esta desregulación eleve los estándares del mercado local de GLP a niveles internacionales, beneficiando a los consumidores con mejores precios y mayor oferta gracias a una competencia más dinámica.