“El año que viene… a la misma hora…” No es título de una comedia o de una película… es la realidad, respaldada por años de observaciones, de la práctica de la quema de cañaverales en Tucumán. Si a esto se agrega la quema de pastizales en montañas y orillas de rutas provinciales y nacionales, la quema de residuos sólidos urbanos, la quema de restos de podas en fincas cítricas y resto de las cosechas de granos y alguno que otro filtro (scrubbers de ingenios) sin funcionar, o defectuoso, nos acercamos a lo que llamaríamos el “infierno de Dante”, o una atmósfera comprometida si se quiere ser menos explícito.
Y no faltan leyes para reprimir estas conductas. Desde la Ley 26.562 que prohíbe la quema en todo el territorio nacional hasta la Ley 26.815/2012 (Ley de Manejo del Fuego) que Tucumán se halla adherida a través del decreto Nº2006/9; o el art. 186 del Código Penal, pasando por la Ley 6.253 (Tucumán), que prohíbe la quema de caña de azúcar en todo el territorio de la provincia; o la ley 7.459 (Tucumán) por la cual los ingenios están impedidos de recibir caña quemada; y la Ley 6.292 (Tucumán), todas contemplan el caso de quema.
En las montañas se quema para “que el pasto salga más fuerte”; y en la llanura se quema para ahorrar horas máquina, por una vieja escuela de los años ´70 que vieron en el fuego un método para “ayudar” en la cosecha. Pero nadie midió las externalidades; nadie midió el costo social de estas prácticas. ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud de la provincia atender los problemas pulmonares o los problemas oculares en época de quema? Estudios por profesionales del Siprosa pueden dar cuenta de esto. ¿Cuánto cuesta la pérdida de bosques, de suelos, de humedad edáfica, de fertilizantes del suelo que se vaporizan en presencia de fuego; o cuánto cuesta al Estado atender un accidente por falta de visibilidad en la ruta?. ¿Cuánto nos costará asistir con agua y comida para los habitantes de los valles y alimento para los animales? Es hora de dejar las cuentas clásicas y empezar a educarnos en contabilidad ambiental, sin duda.
Si sabemos que esto ya es una “costumbre”, con gloriosas excepciones de productores adheridos a la no quema de cañaverales, ¿por qué no prevenir mediante la preparación de brigadistas, capacitaciones, comunicaciones, movilidad, aviones y presupuestos adecuados? No hacen falta más leyes, los datos locales y satelitales están para localizar y actuar; sólo hace falta actuar antes y no después. El año que viene a la misma hora espero no estar sólo cambiando la fecha a esta nota.