Cuando parecía que la tensión por las diferencias acerca de la reforma constitucional se había disipado, el oficialismo tucumano volvió a enfrascarse en una interna inesperada. Tan de sorpresa surgió la disputa que la absurda diáspora del radicalismo tucumano quedó en el olvido. Y eso, claramente, es todo un mérito.
Las minivacaciones escalonadas que organizaron Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo no dieron el resultado que habían previsto. Sencillamente, porque el tiempo transcurrido sin diálogo entre ellos potenció la desconfianza que naturalmente se tienen. El gobernador le dejó a su compañero de fórmula la bomba detonada del anuncio reformista, con eliminación de los acoples y posibilidad de frenar las reelecciones incluida. Apenas aterrizó en Tucumán, el vicegobernador sintió la incomodidad de haberse enterado del apuro reformista de Jaldo a la distancia. La presión de los legisladores de su entorno hizo el resto y así decidió devolverle gentilezas al mandatario. En la lejanía, el titular del Poder Ejecutivo siguió con malestar la secuencia de acciones acevedistas: proyecto de ley de cinco parlamentarios inconsulto, diferencias manifiestas del propio vicegobernador y una primera reunión con actores de la sociedad civil en la Legislatura. Es decir, lo que Jaldo pretendía capitalizar se lo habían birlado en su ausencia.
Pero contra lo que muchos presagiaban, “El Comisario” evitó una reacción en caliente que potenciara las divisiones en el oficialismo. Por el contrario, a su regreso se sentó con Acevedo y con el tercero en la sucesión, Sergio Mansilla, y puso en el freezer el proyecto reformista hasta tanto haya consenso o pudiera retomar él la iniciativa perdida. Sin embargo, esa paz pretendida por el gobernador y convalidada por el vice tambaleó esta semana por una situación que nadie imaginaba: la aparición de los datos de población por municipio que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censo, dos años después de la realización de la muestra.
Los indicadores derivaron en un nuevo escándalo político. Ocurre que el Indec reveló que Tafí Viejo se transformó en el segundo municipio más poblado de la provincia detrás de la capital, con 85.548 habitantes y que Yerba Buena el tercero, con 82.129 vecinos. En tanto, Banda del Río Salí quedó en cuarto lugar, con 77.669 ciudadanos. Nada extraño si se analiza el crecimiento urbano de Tucumán, que se extendió hacia el oeste del territorio, pero suficiente para desatar un pase de facturas dentro del oficialismo. Porque el destino quiso que esto coincidiera con la firma del Acuerdo Fiscal Municipal para el segundo semestre entre los intendentes y el Gobierno. En consecuencia, los números de los que nadie quiere hablar salieron a luz y los rezongos que habitualmente se hacen a escondidas se transformaron en inquisidoras quejas públicas.
De acuerdo a los datos que circulan entre los jefes municipales del peronismo y que publicó el periodista Martín Soto en LA GACETA, el reparto de dinero desde la Casa de Gobierno no siguió ese criterio poblacional, al menos en la primera mitad de 2024. De hecho, lo girado a Banda del Río Salí (unos $ 11.500 millones) prácticamente duplica lo enviado a Tafí Viejo ($ 6.900 millones). El intendente de esa ciudad, Gonzalo Monteros, se mostró molesto por la comparación: puso en duda las cifras del Indec y afirmó que en esa administración trabajan unos 1.800 empleados. Desde la “Ciudad del Limón” la crítica más feroz la lanzó el legislador Javier Noguera. El ex intendente taficeño dijo que el esquema de distribución de dinero dispuesto por el jaldismo es “injusto, discrecional, arbitrario y apartado de la legalidad”. Y aún más, afirmó que fomenta la empleomanía estatal. Esto último, a raíz de que tanto el gobernador como el ministro del Interior, Darío Monteros, advirtieron que los fondos se giran de acuerdo a la planilla salarial de cada gobierno local desde el año 2000. Y eso abre otra caja sin fondo: hay municipios con muchos trabajadores informales, y reclaman que se les blanquee la planta para recibir más recursos. La respuesta es, desde el Poder Ejecutivo, negativa.
El padre del jefe municipal bandeño cayó en la trampa y le respondió desde la política y no desde la gestión a Noguera. “Si él dice que roza la ilegalidad, quiere decir también que los ocho años que ha estado como intendente (2015-2023) ha convivido con esa falta de legalidad. Nunca lo escuché hablar de esta supuesta ilegalidad en el gobierno de Juan Manzur”, lanzó Monteros. “En el gobierno de Manzur llegaban ATN, se giraban recursos no reintegrables a algunos municipios”, chicaneó. Hasta que se le escapó la crítica que refritó una interna inagotable: “Capaz que Noguera se ha quedado un poquito en estos ocho años en los que ha tenido relación directa con el gobernador Manzur y con su ministro del Interior (Miguel Acevedo)”. Esta última frase, suficiente para que la mancha se desparrame y enchastre a todos por igual.
Darío Monteros, a Javier Noguera: "Dice que el Pacto es ilegal, pero estuvo dentro de él durante ocho años"Por lo pronto, vale detenerse aquí antes de que el enredo de acusaciones despiste a los desprevenidos. Tanto Noguera como Monteros tienen una parte de la verdad. Desde el retorno de la democracia, pero con mayor énfasis desde el alperovichismo, los fondos para los municipios funcionaron como un sistema de premios y castigos y como una caja política exponencial. Para el mirandismo, por ejemplo, el emblema fue la comuna de Garmendia. Luego, José Alperovich diseñó el Pacto Social mediante el que sometió a los intendentes y a los comisionados rurales a un peregrinaje permanente a la Casa de Gobierno. Ya durante el manzurismo, al convenio oficial se le adosó el envío de fondos no reintegrables, entregados de manera discrecional. De hecho, tan antojadizos fueron los envíos al interior que el propio Darío Monteros advirtió por carta oficial que ingresó en Mesa de Entradas de la Gobernación en 2021 que Juan Manzur le había recortado el envío de fondos.
Paradójicamente en 2023, último año de gestión del ahora senador, la grilla de favorecidos por estas remesas encontró a Banda del Río Salí primero, seguido por Burruyacu, por Aguilares, por Lules y por Tafí Viejo. ¿Cuál fue el criterio para el reparto? Ninguno que siga parámetros objetivos. En realidad, sí se puede observar un patrón bastante particular: la presencia de Aguilares en los primeros lugares de la lista, el municipio del sur que comanda el acomodaticio Mansilla desde el gobierno de Julio Miranda. “El Burra”, hay que reconocerlo, tiene la habilidad de sostener en el podio de favorecidos a su ciudad sin importar quién gobierne.
Silencio
Es decir, el ministro Monteros tiene razón cuando dice que Noguera guardó silencio muchos años y al legislador le asiste la verdad cuando advierte de las inequidades. Pero, como todos en el oficialismo forman parte o avalaron este sistema, hoy al que apuntan por plantear sus reparos es a Noguera. Y no salieron a replicarle sólo desde el jaldismo, sino legisladores e intendentes cercanos a él. Incluso, cuentan que en el tercer piso de la Legislatura el vicegobernador Acevedo tampoco quedó muy contento con el pataleo del taficeño. Es lógico, fue ministro del Interior durante el manzurismo y firmó la mayoría de las remesas a los municipios durante ocho años. No es casual ni inocente, entonces, que Monteros lo haya mencionado en su respuesta a Noguera.
Suponiendo que la llama de esta interna se agote, el oficialismo tendrá que resolver en las próximas semanas otro asunto comprometido: el pedido de destitución contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf. El planteo ante la comisión de Juicio Político fue presentado por el abogado Marcos Rougés, pero es inevitable suponer que detrás de todo asoma el diputado Carlos Cisneros. Incluso, cuentan que el viernes 2 en el almuerzo en Tafí del Valle que compartieron Jaldo, Acevedo, Cisneros y otros funcionarios este asunto fue abordado y muchos entienden que de esa cumbre podría haber salido un guiño del mandatario, al menos con el silencio. Por lo pronto, fue el tema que abordaron el martes por la mañana a solas el gobernador, el vice y Mansilla en el despacho principal del Palacio Gubernamental. El aguilarense preside la comisión de Juicio Político, que debe abordar la denuncia de Rougés. ¿Se apartará de la comisión en este caso? Por ahora, ni oficialistas ni opositores aliados, como el alfarismo, han recibido instrucciones para saber cómo posicionarse frente a este tema. Vale recordar que hace unos cuantos meses, cuando la Cámara aprobó una ley pedida por Jaldo para establecer la incompatibilidad entre cobrar el haber jubilatorio y ser empleado o funcionario público, el lobby permitió que antes de la votación se quitara el artículo que ponía en jaque a autoridades judiciales y del órgano de control. No obstante, ahora el tironeo en el poder promete complejizarse, ya que se gesta otro planteo de destitución en contra no sólo de Terraf, sino de los otros dos vocales del Tribunal de Cuentas: Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci.
Opacados por todo esto, por cierto, quedaron los radicales y su trascendental interna. El lunes, en Concepción, hubo un encuentro en la casa de la legisladora Raquel Nievas de legisladores, intendentes y concejales para analizar cómo hacer frente al portazo del sector liderado por Mariano Campero. Roberto Sánchez, la anfitriona y los legisladores Silvia Elías de Pérez y José Seleme plantearon la posibilidad de que el intendente Alejandro Molinuevo sea la prenda de unidad para la presidencia del partido, y que el actual diputado tenga la chance de ir por la reelección el año que viene. Pero Agustín Romano Norri no quiere bajarse de la puja por conducir el partido, y asegura que cuenta con el aval de los Boina Blanca y de su par José Cano. Enfrente, Campero y los suyos se fueron porque no les aceptaron que Sánchez fuera el postulante en 2025 y que el bellavistense Sebastián Salazar sea el presidente del partido. La vida política e institucional tucumana es todo aquello que transcurre mientras los radicales resuelven su interminable interna.