“La real intención de Osvaldo Jaldo al instalar la idea de una nueva reforma constitucional para modificar el sistema electoral es salvar su propio traje”. De esa manera se refirió el congresal nacional del PJ, Luis Romano, al anuncio formulado por el gobernador.
El secretario general del Movimiento de Unidad Popular (MUP) dijo que el mandatario está buscando subsanar un “vicio de inconstitucionalidad que le impediría ser reelecto”. “Si bien el artículo 90 de la Constitución lo habilita a un nuevo período, la Corte Suprema de Justicia sentó precedentes en los fallos de Sergio Uñak, Juan Manzur y más aún en el de Gerardo Zamora”, alertó. Y citó al juez Carlos Rosenkrantz: “No existe duda de que habilitar que una persona se desempeñe durante 16 años ininterrumpidos en los más altos cargos provinciales impone un costo intolerablemente alto a los valores que encarna el sistema republicano. La influencia en la composición del Poder Judicial local y los órganos de control, el manejo de los fondos públicos el control de la agenda política y legislativa entre otros factores. Se traduce en una significativa concentración de poder que erosiona la separación de poderes y rompe las condiciones generales de igualdad en la competencia electoral”.
“Para lograr su objetivo, Jaldo a cambio propone a los caudillos municipales legalizar el feudalismo en sus departamentos ya que si bien existen de hecho familias que se han enquistado en el poder sucediéndose entre esposos, hermanos e hijos, esta situación sería inalterable al circunscribir los cargos electivos al departamento en el cual tienen absoluta injerencia y ventaja por el manejo de los fondos del Estado”, afirmó Romano. “Para evitar esto deberíamos incluir en la reforma la imposibilidad de sucederse entre familiares hasta el segundo grado, como establece la Constitución de Mendoza”, expresó. Y alertó: “esta situación nos abre las puertas para una acción judicial en el resguardo del principio republicano de gobierno”.