La decisión del Gobierno nacional de destinar un presupuesto de 100.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE), encendió algunas alarmas en el Congreso de la Nación. La disposición gubernamental precisa que los fondos percibidos por la organización de inteligencia se dará en carácter reservado, es decir, el Poder Ejecutivo no está obligado a brindar información sobre el destino de esos ingresos.
Ante esto, la diputada nacional Margarita Stolbizer se adelantó en la presentación de una iniciativa para derogar el DNU 656/2024 que dispuso la asignación adicional al Presupuesto General de la Administración Nacional.
La representante del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) había anticipado en su red social la presentación de dicha iniciativa en la que apunta contra el Gobierno, pero sobre todo en el presidente, Javier Milei, por tener “la pretensión de imponer una personalidad avasallante y extralimitada en el ejercicio del poder”.
“Estamos frente a una degradación altamente preocupante del funcionamiento de las instituciones”, alertó Stolbizer, y sumó: “El abuso en el dictado de normas que se encuentran prohibidas o cuyo uso debería ser absolutamente extraordinario, instalan la idea de un estado de excepción convalidado a sola firma del Presidente de la Nación”.
Haciéndose eco del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la referente de la bancada dialoguista advirtió que la presentación de este DNU “tiene origen en las disposiciones del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.
Más voces en contra
Los representantes de la Coalición Cívica (CC) en Diputados le sugirieron al Gobierno que podía lograr el fortalecimiento de la SIDE “de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales”.
En este sentido, los diputados de la CC presentaron un proyecto de declaración para declarar nulo “de nulidad absoluta e insanable” el DNU 656/24. En la redacción explicaron el pedido de nulidad por “falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. El proyecto lleva la rúbrica de los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.
El propio Ferraro publicó el texto en su perfil de X, donde además tituló que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”. De igual manera, aseveró que “no hay motivos que justifiquen esa decisión”.
La oposición buscará anular el decreto que asignó $100.000 millones para fondos reservados a la SIDEA su vez, exigió: “Si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”. Y mencionó casos resonantes como el de “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, y las operaciones de Milani”.
Unión por la Patria también rechazó la medida.