Un decreto para eliminar unos 60 organismos, como parte de reforma del Estado, es lo que está preparando el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, encargado de redactar el texto. Las facultades extraordinarias le permiten al presidente, Javier Milei, eliminar funciones y estructuras jurídicas de los entes.

Sturzenegger tiene el proyecto en carpeta desde marzo, pero necesitaba las facultades administrativas que le dio el Congreso a Milei a fines de junio para poder impulsarlo. Preparan ahora el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.

“Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulen áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones“, anticipó.

La Casa Rosada quiere avanzar con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), entre otros. Las facultades extraordinarias le permiten a Milei eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten.

Además, respecto de los empleados públicos, el artículo 52 de la Ley Bases establece el marco normativo para quienes trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Determina que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.

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Los estatales podrán ser cedidos de Nación a provincias y municipios y se contempla una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.

El Ejecutivo incluyó un articulado que lo habilita a no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, el abandono de tareas o el incumplimiento de horario.

Medida sobre el cine

Mediante el decreto 662/2024, el Gobierno eliminó la cuota de pantalla para el cine argentino, una medida que garantizaba la exhibición de películas nacionales en salas comerciales. Este decreto también deroga la media de continuidad, que permitía a las películas nacionales seguir en cartelera si alcanzaban una cantidad mínima de espectadores. El decreto establece que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será la autoridad responsable de determinar la cantidad de películas argentinas que deben exhibirse en cada sala.”