En el proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se abre hoy el período de impugnaciones y adhesiones a las postulaciones de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla. La comisión de acuerdos comienza a recibir los apoyos y los cuestionamientos a los candidatos que propuso el presidente, Javier Milei. 

Según fuentes parlamentarias todavía no hay certezas de que alcancen la mayoría para convertirse en jueces del alto tribunal. Además, falta poco menos de un mes para la primera de las dos audiencias públicas en las que deberán defender sus nominaciones.

Una postulación controvertida

El proceso repetirá el que ya se registró en el Poder Ejecutivo entre el 24 de abril y el 8 de mayo últimos. Durante ese período, el Ministerio de Justicia recibió 328 impugnaciones y más de 3500 adhesiones a la postulación del controvertido juez Lijo. Por su parte, García-Mansilla tuvo el apoyo de más de 3100 personas y organizaciones y 110 cuestionamientos a su nominación. Se espera un esquema parecido de presentaciones se produzca ahora en la Cámara alta.

Lijo será el primero de los dos candidatos en someterse al escrutinio de la Comisión de Acuerdos y del resto de los senadores. Su audiencia pública está programada para el próximo 21 de agosto a las 10 horas en el Salón Azul del Congreso. 

Lijo es juez federal severamente cuestionado por su cualidades como magistrado y por el notable incremento de su patrimonio. Fue propuesto para ocupar el sitial que dejó vacante Elena Highton de Nolasco con su renuncia, presentada el 5 de octubre de 2021. 

Desde entonces, ningún gobierno pudo reunir el amplio consenso que requiere la designación de un juez del máximo tribunal de justicia, el voto de los dos tercios de los presentes en una sesión del Senado, y el cargo permanece vacante.

El otro candidato de Milei

En tanto que García-Mansilla tiene turno para presentarse el 28 de agosto, a las 10. En su caso, el Poder Ejecutivo promueve su nominación para reemplazar al cordobés Juan Carlos Maqueda, actual juez de la Corte Suprema que el 29 de diciembre próximo cumplirá 75 años y deberá jubilarse. 

El magistrado podría obtener una extensión en el cargo por cinco años más, también con acuerdo del Senado, pero la administración libertaria decidió no renovarle el crédito y ocupar la vacante que dejará a fin de año con el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

En uno de los primeros cortocircuitos públicos en la gestión libertaria, la primera oficialista en pronunciarse en contra de Lijo fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel. “No me enloquece la postulación”, dijo en marzo, en un reportaje con un canal de noticias. “Dado que era una banca de una mujer me hubiese gustado una mujer, una catedrática, una jueza. Hay mujeres que son muy eficientes”, dijo aquella vez.