La economía informal, que va de la mano con el ahondamiento de la crisis, quedó expuesta en toda su crudeza en el informe de la semana pasada sobre los resultados del Operativo Lapacho en los últimos siete meses, en el que los efectivos decomisaron unas 5.500 toneladas de granos y unas 1.900 de azúcar, todo valuado en unos $1.400 millones.
El operativo fue instrumentado para fortalecer los controles en los 14 puestos ubicados en los límites provinciales, con el objetivo de poner trabas al narcotráfico y también de luchar contra el contrabando. Pero en los controles se descubrió el trasiego de mercadería llevada en sentido inverso, desde el país hacia la frontera. Por un lado se encontró transporte de objetos producto de robos: por ejemplo, se descubrió una organización que robaba motos de alta gama en Buenos Aires, las desarmaba y por encomienda enviaban las motopartes a la frontera. Por otro lado, se halló traslado de productos que se venden fuera del país por fuera de los controles aduaneros e impositivos. Desde noviembre se incautaron 2.272 toneladas de maíz (valuadas en más de $297 millones), 1.920 toneladas de azúcar (más de $800 millones), 693 toneladas de soja (más de $122 millones), 4.600 toneladas de trigo (más de $78 millones) y unas 189 toneladas de poroto (más de $100 millones). Esto puso sobre alerta en cuanto a prácticas de productores en el mercado en negro, tal como hacen los pequeños comerciantes informales que venden mercadería sin declarar en las calles para escapar de la quita impositiva a sus ganancias. Aunque los representantes de los productores enfatizaron que están en un 100% en contra de la comercialización en negro de las producciones y aprueban los controles del Operativo Lapacho, también advirtieron que “esta novedad también debe ser un mensaje para las autoridades. Hay muchos productores que se ven obligados a realizar esta práctica para obtener ganancias. No está bien, pero se está haciendo”, y agregaron que “hay gente que lleva su producto a las fronteras y vende su producción en dólares y encima el Estado no le retiene el 33%”. Es decir, es una muestra de que la crisis va desbaratando los límites de la legalidad y sobre eso se deben ocupar los referentes de la sociedad. “Si hay un volumen importante que se está vendiendo en negro, tarde o temprano terminará afectando al mercado del azúcar”, dijo un dirigente.
“Todo lo que circule sin la documentación correspondiente será decomisado. Tanto lo que sale de esta provincia como lo que ingresa”, dijo el gobernador. La iniciativa de control es importante y bueno es que se haya decidido mantenerla, porque, como dijo el mandatario, esto deja a los tucumanos sin recaudar los fondos que se destinan para que haya más seguridad, más salud y mejor educación, y además se terminan perjudicando a los productores que actúan bajo las normas generando que caiga el valor de la mercadería. También es importante que se difunda lo que sucede y se discuta en el ámbito de la producción -autoridades y productores- para buscar en común estrategias para atenuar los efectos de la economía informal.