El Acuerdo Fiscal Municipal será suscripto por 11 intendentes para este segundo semestre, según indicó el ministro del Interior, Darío Monteros. Este convenio contempla un incremento del 25% con respecto al anterior, ya con las subas otorgadas incorporadas. “Este viernes comenzaron a firmar en la Escribanía de la Casa de Gobierno. Calculo que el lunes estaríamos en condiciones de decir que todos firmaron”, manifestó en una entrevista telefónica con LA GACETA.

El funcionario provincial señaló que son 16 los municipios con los que la Provincia llegó a un acuerdo. Por un lado están Aguilares, Alberdi, Alderetes, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Lules, Monteros, Tafí del Valle, Tafí Viejo y Yerba Buena, que ceden la totalidad de su coparticipación a cambio de que la Provincia abone su planilla salarial en tiempo y forma (medio aguinaldo incluido), para garantizar la paz social. También incluye el pago del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos y Urbanos (Girsu) y dinero para pequeñas obras.

Por otra parte, Simoca, Trancas, Graneros, Las Talitas y La Cocha también acordaron con el Gobierno, pero su convenio se denomina Asistencia Financiera Garantizada. La diferencia es que no se les retiene el 100% de la coparticipación y se les compensa los desfasajes. De los distritos del interior, quedaron nuevamente afuera Burruyacu y Concepción, que se administran directamente los recursos que les corresponden por coparticipación.

El ministro del Interior afirmó que las negociaciones con los intendentes se dieron en buenos términos. Explicó que los incrementos se fijan respecto a la proyección de la inflación y de los incrementos futuros, pero aclaró que siempre queda margen por cualquier imprevisto que ocurra. “Tenemos la herramienta administrativa que es una adenda, que da tranquilidad. No es que se cierra y se da un tope. También dejamos una posibilidad abierta. Por cualquier urgencia se dan los recursos y luego con la adenda se cubre la parte administrativa y legal”, detalló

El mes pasado, legisladores radicales expusieron que Bella Vista supuestamente recibía mediante el “pacto fiscal” un 25% menos de los fondos que le corresponden por coparticipación. Esas declaraciones propiciaron encuentros entre la intendenta Ana Paula Quiles, Monteros y el gobernador Osvaldo Jaldo que allanaron el camino para la firma.

El Acuerdo Fiscal Municipal, antes conocido como “pacto fiscal”, cuenta con una serie de obligaciones que las Intendencias deben cumplir. Entre ellas: que los municipios brinden los servicios básicos; la firma de un convenio con Rentas para optimizar los sistemas recaudatorios; reducción de un 20% de los gastos; y una cláusula para evitar juicios.

Precisamente, ese último punto fue al que no quiso renunciar el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y en enero decidió salir del “Pacto” (hay presentaciones realizadas por intendentes radicales en la Justicia).