Los municipios de Yerba Buena y de Bella Vista, conducidos por intendentes radicales, tienen todo encaminado para renovar el Acuerdo Fiscal Municipal con la Casa de Gobierno de cara al segundo semestre, al igual que una decena de distritos oficialistas. Concepción, en tanto, también de signo político diferente al Poder Ejecutivo (PE), confirmó que se mantendrá afuera del “Pacto Fiscal” dado que tuvo una experiencia exitosa administrando sus propios recursos desde enero.

El yerbabuenense Pablo Macchiarola advirtió que aún no firmaron el convenio con la Provincia, pero sí recibieron una propuesta informal de parte del equipo técnico del Ministerio del Interior que conduce Darío Monteros.

El radical indicó que solicitó algunos detalles más sobre la propuesta que le haría la Casa de Gobierno; y adelantó que, en principio, las cifras cubren los pagos y quedarían unos dineros para algunas obras públicas en el municipio.

“El Gobierno de la Provincia ha cumplido con lo pactado, que ha sido el pago de la planilla salarial del municipio y el pago del Consorcio Metropolitano para los Residuos. Cuando hubo aumentos, los fondos vinieron con los aumentos correspondientes”, había expresado Macchiarola semanas atrás en una entrevista con LG Play. Y había advertido que por las condiciones actuales no sería posible para Yerba Buena salir del “Pacto Social” sin modificaciones en la Ley de Coparticipación (6.316).

Propuesta superadora

La jefa municipal de Bella Vista, Ana Paula Quiles, adelantó que la semana próxima tiene prevista una reunión con el ministro Monteros. “Estamos a la espera de firmar un nuevo convenio. Espero que sea con las pautas que veníamos planteando”, dijo en una entrevista a LG Play. “Nuestra idea como municipio es poder generar la autonomía y, en algún momento, salir del convenio para poder administrarnos financieramente nosotros mismos”, dijo la radical.

Meses atrás, legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) habían afirmado que la Provincia estuvo girando a Bella Vista fondos inferiores a los que hubiera recibido si no firmaba Acuerdo Fiscal Municipal. Ante ello, el propio gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una audiencia con Quiles para limar asperezas y poder plantear sus necesidades como ciudad. “El gobernador entendió nuestra petición”, afirmó la intendenta. “Somos un municipio que no tiene una recaudación propia alta. Prácticamente todos nuestros recursos son de la coparticipación. Al cederle al Gobierno de la Provincia la coparticipación, ellos nos garantizan (el pago de) los sueldos. Pero veníamos debajo de la coparticipación en el acuerdo que habíamos firmado a principio de año, y eso es lo que veníamos reclamando. Veníamos pidiendo que el acuerdo que venga sea superador en el sentido de que sea, por lo menos, lo mismo que gotea la coparticipación”, desarrolló Quiles.

“Nos ha ido bien”

Solo tres de las 19 intendencias son administradas por opositores. Además de Yerba Buena y de Bella Vista, está Concepción. Este último distrito resolvió en enero no rubricar con la Provincia el Acuerdo Fiscal Municipal. Y su intendente, Alejandro Molinuevo, dijo que no tienen intenciones de regresar a ese sistema.

“Nos ha ido bien. La experiencia (de administrar nuestros propios recursos) está siendo buena porque estamos siendo autónomos. Por goteo llega un importe razonable con el cual nos podemos mover. Tenemos también recaudación propia y un municipio saneado y ordenado. Jamás vamos a retomar el Pacto, menos con la condición de renunciar al juicio. La autonomía es la bandera que tiene Concepción y es lo que quiere lograr para todos los municipios”, dijo Molinuevo.

Se inician los diálogos por la renovación del Acuerdo Fiscal Municipal

En octubre de 2023, los intendentes radicales profundizaron sus reclamos de discriminación y discrecionalidad contra la Provincia. Presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán demandas por inconstitucionalidad de artículos de las leyes de Coparticipación (6.316), de Fondo de Desarrollo del Interior (6.650) y la de Convenios de Préstamos y Asistencia Financiera (8.829). Argumentaron que lesionan con ilegalidad y arbitrariedad la coparticipación impositiva a las municipalidades.