Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó como "vergonzosa" la visita de diputados del partido La Libertad Avanza a represores condenados por crímenes de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. Entre los represores visitados se encontraban Alfredo Astiz y otros militares con condenas firmes por su participación en la represión y muerte de numerosos argentinos durante la dictadura militar. Carlotto expresó su profundo dolor y repudio ante este gesto, resaltando la gravedad de que figuras políticas rindan homenaje a criminales de tal calibre.

Los diputados libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci fueron los que realizaron la controvertida visita. Benedit justificó el encuentro diciendo que los represores eran "ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista", a lo que Carlotto respondió recordando los horrores cometidos por estos individuos, incluyendo asesinatos, robos de niños y dinero durante la dictadura.

Carlotto también señaló la posibilidad de que los libertarios estuvieran considerando proyectos para liberar a los represores presos, aunque expresó su escepticismo debido a las pruebas que sustentan sus condenas. Enfatizó que la visita de los diputados es una muestra de su deseo de volver a un régimen dictatorial, lo cual consideró inaceptable y abominable en una democracia. Carlotto criticó al gobierno actual por permitir este tipo de acciones y dejar las puertas abiertas a comportamientos que van en contra de los valores democráticos.

El repudio a esta visita no solo provino de Abuelas de Plaza de Mayo, sino también de otros sectores políticos. El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria y la UCR expresaron su condena, presentando proyectos de resolución y reafirmando su compromiso con la memoria, verdad y justicia. Cecilia Moreau, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y el Comité Nacional de la UCR calificaron la visita como una afrenta a las víctimas de la dictadura y al pueblo argentino, destacando que los responsables del terrorismo de Estado deben cumplir sus condenas en cárcel común.