SAN SALVADOR, El Salvador.- Más de 3.000 menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó Human Rights Watch (HRW), que denunció “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura.

En el informe “Su hijo no existe aquí”, la organización documentó violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias para combatir a las pandillas. “Entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, fueron detenidos 3.319 niños y niñas”, dijo la directora de las América de HRW, Juanita Goebertus.

El informe da cuenta de redadas de la policía y el ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80.000 detenidos, incluidos los menores. Asimismo, dice que más de 1.000 niños han sido condenados, con penas de dos a 12 años de prisión, en algunos casos “por cargos definidos de forma amplia (...) y sobre testimonios policiales no corroborados”.

“Niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a sus derechos por las detenciones indiscriminadas del gobierno” del presidente Nayib Bukele, aseguró Goebertus.

Bukele lanzó en marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas. “El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos”, afirmó Goebertus. “No es cierto que el pueblo salvadoreño tenga que escoger entre seguridad o derechos humanos”, agregó.

“Permitir que se violen derechos humanos, supuestamente para proteger la seguridad, empieza a erosionar de tal manera el estado de derecho y la democracia que luego no quedan derechos para proteger a los ciudadanos”, expresó.

Un caso documentado es el de un estudiante de 16 años, detenido en mayo de 2022 en Sensuntepeque, a 83 km al noreste de la capital. “Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía”, dice el informe. HRW sostuvo que el joven fue acusado de integrar agrupaciones ilícitas “sobre la base de un único testimonio de un ‘testigo criteriado’ anónimo, y condenado a seis años de prisión”. Todavía está preso.