Su permanente manejo de cifras actualizadas siempre predisponen a los gobiernos a la modificación de políticas y también a los enojos de los funcionarios. Esta vez le tocó el turno a la recesión que está dañando a la Argentina, según surge del informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) con un título extendido y varios interrogantes: “nuevos pobres, pobres más pobres y más desiguales; ¿Una crisis que va quedando atrás o un peor futuro por venir?”.
El estudio compara datos oficiales del primer trimestre de este año con los del 4to trimestre de 2023, para analizar los cambios socioeconómicos del último año, tanto positivos como negativos.
En el reporte se pone como ejemplo positivo y los destacan, a los aumentos en programas sociales como la Ayuda Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA), aunque aclara que estos no fueron suficientes para compensar la caída de ingresos reales, consecuencia de la inflación y la recesión.
Por ende, los hogares dependientes de programas sociales o empleos informales experimentaron el mayor deterioro en su bienestar económico.
La desigualdad
Además de ese deterioro, el informe de la UCA reveló un panorama preocupante por la creciente pobreza y la desigualdad en la Argentina. Con lo cual se evidencio la necesidad de políticas económicas que promuevan una distribución equitativa de los ingresos y una mejora de las condiciones laborales dentro de todos los sectores.
Este informe señala que el ingreso promedio per cápita alcanzó los $233.695 en el primer trimestre de 2024, comparado con los $255.247 del trimestre anterior y los $295.128 de hace un año atrás.
Es decir, la población perdió en promedio un 20% de su poder adquisitivo real entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
En los hogares, los ingresos se redujeron en términos reales entre un 30% y un 15%, en comparación al mismo trimestre del año anterior.
Esto se explica ya que los ingresos laborales (como los no laborales) fueron insuficientes para compensar el aumento de la canasta básica siendo los sectores más bajos los más afectados.
La pobreza es la mayor preocupación de los argentinos, según una encuestaAnte ello, la desigualdad de ingresos es la que más aumentó y ubicó a los estratos superiores con una activa participación en el total de ingresos; mientras, los inferiores la perdieron y se alejaron de los requerimientos básicos para la subsistencia.
Precarización
La capacidad de compra del ingreso medio real disminuyó un 18,5% y la mediana un 26,7% en un año, apunta el reporte de la UCA.
La mayor pérdida de ingresos se observó en los trabajadores de menor ingreso por lo que la concentración de ingresos se mantuvo entre los ocupados de mayores ingresos.
A su vez, la remuneración salarial media pasó de $451.888 a $361.445, una caída efectiva del 20% en términos reales entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
No obstante, la tasa de empleo no registrado disminuyó levemente del 35,8% al 34,9% entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
En tanto, el grupo de asalariados del primer quintil (20% de menores ingresos), registraron una precarización laboral de hasta el 80%, mientras que en el quinto quintil (20% de mayores ingresos) equivalía al 8,5%.
En otro orden, el primer semestre/24 la recaudación total de impuestos nacionales totalizó $56 billones, lo que implicó una contracción en términos reales del 6,9% año contra año. Los recursos vinculados al tipo de cambio2 crecieron 25,6% a/a, mientras que el resto de los impuestos se contrajeron 15,6% a/a real.
Acabó el cierre del Enacom: sólo quedó la sede de la Ciudad Autónoma
El Ente Regulador de las Comunicaciones (Enacom) dispuso a través de una Resolución publicada en abril pasado el “cierre operativo de las Delegaciones Provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones” en todas las provincias, quedándose únicamente con la sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ente, a cargo de Martín Ozores, efectuó el cierre de 28 delegaciones del Enacom en todo el país con el despido de la totalidad del personal que allí se desempeñaba, alrededor de 300 personas. La orden se hizo efectiva el 1 de abril y se estableció un período de 60 días para “atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales”. El Enacom en las provincias no sólo regulaba las empresas de telecomunicaciones y garantizaba que el servicio se cumpla, sino también recibía denuncias de vecinos para una rápida resolución.