A partir de la sanción definitiva de la Ley de Bases y el paquete fiscal, en la intimidad del Gobierno nacional parece haber conciencia de que el triunfo parlamentario fue un paso fundamental para los objetivos trazados por la gestión libertaria en materia económica, política y social, pero se remarca que a partir de ahora las obligaciones son mayores y que después de seis meses llegó el momento de demostrar capacidad de conducción. “Empezaremos a conversar sobre cosas concretas, con normas que habilitan la posibilidad de inversión, a ver cuál es nuestra habilidad de gestionar la ley para avanzar en esas inversiones. Ahí se verá si somos eficientes o no”, reconoció el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, en declaraciones recientes con los medios.

En este nuevo contexto, el Congreso Nacional también empezará a barajar nuevos debates en relación a temas centrales con igual trascendencia a los abordados la última semana. Mientras el Senado avanzará con el tratamiento de los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla para cubrir dos cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en los pasillos del edificio que alberga a ambas cámaras del Poder Legislativo revelan que los representantes de La Libertad Avanza (LLA) ya dejaron trascender que el incremento en la cantidad de integrantes del máximo órgano judicial es una de las iniciativas que podría arribar más temprano que tarde. La reforma electoral, que había sido incluida en la Ley de Bases original y que terminó siendo el primer capítulo eliminado del proyecto, también podría llegar a discutirse en el segundo semestre del año. Esa reforma, de cara al proceso eleccionario del próximo año, incluiría la implementación de la Boleta Única de Papel, listas abiertas y no se descarta la baja de la edad para votar. Actualmente, la misma es de 16 años y resulta optativa para los adolescentes alcanzados.

El gobierno de Milei envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

Aunque todavía se habla de manera potencial de estas propuestas, la dirigencia política ya empezó a plasmar sus miradas al respecto y en las últimas horas Miguel Angel Pichetto dejó su impresión sobre la posibilidad de ampliar el número de jueces en la Corte. Ante la consulta realizada en Radio Rivadavia, el diputados de Hacemos Coalición Federal aseguró que la conformación actual de cinco miembros representa “una corte chica”. “Si hacés un análisis comparativo en Latinoamérica, las Cortes están integradas por 10, 12 jueces. La de Brasil es más grande”, señaló el legislador. Y enfatizó que para avanzar con este tema “habría que buscar consenso político” porque estos temas “son siempre materias discutibles”.

El último intento por agrandar el máximo tribunal ocurrió en la gestión de Alberto Fernández, logró media sanción del Senado y quedó trunco en Diputados por la presión opositora. Esa propuesta elevaba el número a 15 jueces.

Plazos y votos

Durante la reunión de la comisión de Acuerdos que se realizó el jueves pasado en la Cámara alta para tratar ascenso de militares y pliegos de diplomáticos de carrera, se esperaba una señal para avanzar con el cronograma de tratamiento de las nominaciones para la Corte, pero no hubo avances entre los distintos bloques. La presidente de la comisión, Guadalupe Tagliaferri (PRO), busca los consensos para fijar la fecha de la convocatoria de la audiencia pública, en la que se analizarán los avales y las impugnaciones de ambas candidaturas. Pese a esto, en el Senado estiman que el proceso pueda llegar a demorar 20 días y este tiempo será crucial también para ver cómo avanzan los votos porque ante la necesidad de reunir dos tercios se necesita el apoyo de Unión por la Patria (UP).

Sesiona el Senado el jueves: ascensos y reforma de Código Penal

Con Victoria Villarruel al frente del recinto, el Senado de la Nación sesionará de manera especial el jueves para dar tratamiento a una serie de ascensos diplomáticos y militares, y avanzar con una reforma del Código Penal. Este cambio, propuesto por Carolina Losada y Antonio Rodas, plantea modificaciones respecto de la sustracción y/o comercialización de menores de edad. La iniciativa contempla, entre otras cosas imponer prisión de 3 a 10 años “al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

Baja de imputabilidad: otro tema que se suma a la agenda

Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, fueron los encargados de presentar el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. La reforma que plantea la administración nacional se fundamenta en algunos aspectos principales como la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región y la protección de los niños y jóvenes.