El Tribunal Oral Federal 7, que llevará adelante el juicio del caso de “los cuadernos de las coimas”, acusó a tres jueces de la Cámara Federal de Casación de haber sacado del juicio por sobornos al empresario Angelo Calcaterra y de haber mandado su caso a la justicia electoral “sin justificación legal”, por entender que los alegados cohechos fueron en realidad aportes de campaña.
Dos de los integrantes del tribunal oral, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, sostuvieron que, en un conflicto de competencia entre el fuero penal federal y el electoral debió haber intervenido la Corte Suprema y no Casación para dirimirlo, y que no mandaran el caso a la jueza María Servini hasta que la resolución no quede firme.
Germán Castelli, el tercer magistrado, reclamó que el máximo tribunal intervenga por la extralimitación de Casación, aseveró que “la gravedad” de lo ocurrido “trasciende esos límites para afectar directamente la buena administración de justicia” y denunció que se están comprometiendo los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción.
Calcaterra, empresario de la construcción y primo del ex presidente Mauricio Macri, consiguió que la Casación tomara un planteo suyo (que el tribunal oral había dicho que no debía siquiera ser analizado) y dijera que los presuntos pagos por izquierda que hizo a funcionarios públicos no tenían que ser juzgados como sobornos, sino como “aportes de campaña” que no fueron debidamente declarados. Así, la pena pasaría de la prisión a la multa.
Según los jueces del Tribunal Oral Federal 7, los camaristas de casación Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone se asignaron una jurisdicción que no tenían porque sólo la Corte Suprema podía resolver el conflicto de competencia que promovió la defensa del empresario.