El ex subsecretario Administrativo de la UNT, Luis Fernando Sacca, declaró ayer durante tres horas ante el Tribunal que lo juzga junto a otros tres ex funcionarios por presuntas irregularidades con las utilidades de la minería en la Universidad Nacional de Tucumán entre 2006 y 2009. La denuncia por las presuntas irregularidades fue realizada por el arquitecto Ramón Eudal en 2010.

Particularmente Sacca está acusado por las colocaciones financieras realizadas con el dinero de las utilidades que llegaban de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), ente tripartito conformado por la provincia de Catamarca (según la Ley 14.771, de 1958, le corresponde el 60% de las utilidades), la UNT (el 40%) y la Nación.

El ex diputado nacional hizo una presentación utilizando una pantalla ante los jueces subrogantes que integran el Tribunal Oral Federal de Tucumán, Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, más el juez sustituto Mario Eduardo Martínez.

El ex funcionario comenzó diciendo que nunca tuvo sumarios ni juicios en la Universidad ni en la facultad en la que es profesor. “Me iniciaron una causa por la venta de un auto y fui sobreseído. Me iniciaron otra causa por haber percibido un adicional en mi sueldo, y también fui sobreseído”, dijo, y a continuación afirmó: “niego todas las imputaciones en mi contra”. Con respecto a la forma en la que se estructuró la denuncia y sobre todo la investigación preliminar que llevó a cabo el fiscal federal Carlos Brito, “se pretende hacer creer que la UNT es un almacén de barrio, que no tiene controles o que puede entrar o salir cualquier monto de dinero sin que haya controles y eso no es ni nunca fue así”, afirmó. Y luego remarcó: “El contador (Luis) Castillo daba ingreso a cada peso que entraba a la Universidad. No se puede mover un peso si antes no pasa por la Dirección General de Administración”, aseveró. Y en ese sentido graficó: “la administración trabaja como un relojito. Lo hizo bien. Aquí hay ocho puntos de imputación que no sucedieron. No podían suceder. Había una imposibilidad fáctica de que eso ocurriera. Los controles eran estrictos y no había pases de una cuenta a otra. Es como que yo maneje los home banking de otros. Imposible”. También dijo que “el fiscal Brito hablaba de entidades financieras de segundo cargo haciendo referencia a los bancos con los que trabajábamos. Eso no existe. Eran todos de primer nivel. Así como tampoco existen las cuevas financieras donde puedan tener injerencia los organismos del Estado”. “Tengo impotencia reprimida”, remarcó.

En medio de su exposición, Sacca aseguró que durante su gestión “tomamos la decisión de diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Al que más nos ofrecía le pedíamos un punto más, cosa que no se está haciendo en la actualidad”. Y remarcó una idea: “el equipo económico funcionaba perfectamente”.

Sacca luego hizo referencia a las diferencias que se hicieron visibles cuando la vicerrectora Maria Luisa Rossi de Hernández decidió competir por el rectorado con Juan Alberto Cerisola. “Hubo una ruptura política. Se dividieron las aguas. Se cuestionaba todo. Fue una época horrible”, dijo.

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Luego apuntó contra la investigación. “El juez (Fernando) Poviña no quiso o no pudo revisar todas las pruebas que presentó el doctor (el fiscal Carlos) Brito, que las enredó todas”. Y advirtió que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una investigación con planillas de cálculo que les había enviado Brito. “Encontraron inconsistencias, y las hubo. Pero se habla de diferencias millonarias que son citadas por el fiscal Brito y por la querella. Se hablaba de 7 millones de diferencia, pero en el requerimiento de elevación a juicio Brito dice que son 60 millones. No sé cómo hizo. Acá no hay magia”. Sacca dijo que hubo cuatro pericias de la Procelac y que la última ya da cuenta de “mínimas diferencias”.

Luego se quejó. “Pidieron mi procesamiento en el mejor momento de mi carrera política. Nosotros teníamos consultas jurídicas constantemente. Todo esto pasó por tantas manos y no veo a nadie más sentado aquí (en el juicio) excepto los que fuimos imputados. Y repito, aquí se hizo todo bien”. “Hubo una inquina, una saña con todo esto. La querella copió y pegó el requerimiento de elevación a juicio y en eso se basa la acusación. Se nos endilga no haber hecho licitaciones, lo cual es falso. Se habla de plazos fijos, cuando era fideicomisos. Están todos los recibos certificados y firmados por el tesorero”, dijo.

Un paria

“Soy un paria en mi trabajo por todo esto que está pasando. Causaron un daño enorme. Hay funcionarios judiciales que no funcionan. Siembran terrorismo. Hay una persecución política clara. Esto comienza con una denuncia anónima de supuestos profesores universitarios que nunca aparecieron; demostré que no hay pruebas en mi contra y sigo aquí sentado”. Y finalmente realzó su defensa: “hubo prescripción de delitos para varias personas, menos para Sacca. Aquí hubo leves diferencias de números que siempre terminaron a favor de la UNT. Todas las decisiones fueron correctas. Aquí no se robó nada”.