Los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura quedaron alarmados luego de recorrer las cárceles y comisarías abarrotadas de la provincia. Se trata del organismo que vela por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, compromiso que el país asumió mediante tratados internacionales.
“Hay un grave problema de hacinamiento, pero además hemos constatado muchas situaciones de violencia, algunos casos gravísimos como lo que fueron los incendios mortales en la Brigada Femenina de Concepción. También observamos muchas situaciones de problemas de salud y suicidios. Tucumán tiene una tasa alta de todos estos problemas, pero además un problema adicional respecto al número de detenidos en las comisarías, donde está la mayoría de los privados de libertad”, advirtió Gustavo Palmieri, representante del Comité, quien estuvo acompañado de Andrea Triolo, Kevin Nielsen, Rosario Gauna y Fernando Korstanje.
Los integrantes se reunieron entre el martes y ayer con distintos funcionarios para advertir todas las anomalías que habían detectado en los espacios de detención. Dialogaron con el titular del Ministerio Público de Defensa, Washington Navarro y los defensores oficiales; con los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el de Gobierno, Regino Amado; con el secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo y también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Daniel Leiva y los vocales Daniel Posse, Antonio Estofán y Claudia Sbdar. “Hay problemas que requieren inmediata resolución porque son inaceptables. Hablamos de que se resuelvan en cuestión de días”, remarcó Palmieri.
Korstanje contó que hay aproximadamente 2.000 presos en las cárceles y 2.700 en las comisarías. La mayoría de ellos condenados por el sistema de juicios abreviados. “La situación de mujeres en las comisarías es mucho peor que la de los varones”, afirmó.
Irregularidades
Estas son algunas de las problemáticas que advirtieron:
1) Denuncias de presos sobre prácticas sistemáticas de torturas y malos tratos policiales, tanto dentro de las dependencias como en la vía pública.
2) Un notable aumento de la cantidad de personas alojadas en comisarías. Graves situaciones de sobrepoblación y hacinamiento. Por falta de colchones, varios detenidos debían dormir en las letrinas.
3) Presencia de personas alojadas en patios, a la intemperie y sin reparo alguno, violando los más elementales deberes del Estado sobre la custodia.
4) Condenados alojados en el mismo espacio que las personas procesadas y contraventores.
5) Personas privadas de su libertad en establecimientos policiales por períodos extensos, de hasta casi cuatro años sin pasar al penal, que es el lugar adecuado.
6) Enfermedades infecciosas y diversas afecciones a la piel, vinculadas a la presencia de insectos y plagas en los espacios de detención.
7) Requisas vejatorias a familiares, debiendo desnudarse para ingresar, incluyendo en esta práctica a niños, niñas y adolescentes.
Monitoreo de situación
“Cuando hablamos de hacinamiento no decimos solo que duermen apretados. Se han empezado a usar espacios no aptos como patios y pasillos. Es una situación urgente, son casos de condiciones de vida indignas de ver. Hablamos de derechos que no se pueden cumplir. Hay personas con enfermedades por la humedad y el hacinamiento. Hay detenidos por contravenciones, cuando no corresponde. Cuando hablamos de la tragedia de la Brigada (NR: un incendio provocado durante una protesta de las detenidas que se cobró la vida de cuatro de ellas), por ejemplo, hay una chica que murió estando presa por el robo de un celular, es desproporcional que estén presos por algo así”, explicó Palmieri.
En ese sentido, detalló que las autoridades les anunciaron que están realizando obras edilicias para revertir el panorama. Situación que -aseguraron en el Comité- controlarán que se cumpla. “Algunas de las construcciones se están haciendo en los plazos previstos, estarían listos en noviembre, o antes. Pero hay otros planteos que les hicimos y que son urgentes, los tienen que solucionar rápido, hablamos de resolverlo en cuestión de días porque son situaciones que no se pueden tolerar. Hay que ver qué sucede, y si cumplen con lo que hablamos. Para eso hacemos un seguimiento”, indicó.
Piden menos preventivas
Kevin Nielsen detalló que, tras reunirse con los miembros de la CSJ, les solicitaron que se meritúe con rigor cuándo otorgar una prisión preventiva. “Pedimos a la Justicia que haga más uso de las prisiones domiciliarias y de las pulseras electrónicas, Tucumán tiene entre 400 y 600 presos nuevos por año y así el PE nunca podrá sostener el ritmo de construcciones de cárceles. Necesitamos que se vea el tema con otro abordaje, sobre todo en los casos más pequeños”, explicó.
Por último, Andrea Triolo, les recordó a las autoridades que no normalicen las detenciones en comisarías. “Estos lugares no están preparados para que personas cumplan ahí su condena. Ahí no pueden llevar adelante prácticas educativas de reinserción. Ni hablar además de que no es función de la Policía cuidar a los presos, no están preparados para lidiar con esas situaciones”, sostuvo.
“Medidas imperativas”: el defensor oficial federal instó a resolver con urgencia lo planteado por el Comité
Los recientes informes de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura sobre las condiciones en las comisarías de Villa Mariano Moreno, la 13ª, la 2ª y la Brigada Femenina Capital exponen una realidad que trasciende la simple negligencia administrativa.
“Estas condiciones de detención son una violación flagrante de los derechos humanos y reflejan una indiferencia institucional hacia la dignidad humana y los principios fundamentales de justicia”, sostuvo en un comunicado el defensor oficial federal, Adolfo Bertini.
El informe detalla que en la comisaría de Villa Mariano Moreno hay 41 presos conviviendo en una celda pensada para cuatro. También que en la 13ª conviven 67 presos hacinados, durmiendo pegados al inodoro interno de las celdas, sin colchones y que ante la menor queja sufren represión policial. Respecto a la Brigada Femenina y la seccional 2ª, advierten denuncias por falta de atención médica e insuficiencia edilicia para albergar detenidos. También un reclamo general sobre la falta de alimentación de los reos por abandono estatal, gestión que recae en si los familiares les llevan o no comida todos los días. “Las condiciones actuales en las comisarías de Tucumán parecen estar diseñadas para castigar más allá de lo que
la Justicia penal exige”, denunció Bertini.
El defensor oficial federal agregó: “es esencial que las autoridades provinciales y nacionales tomen medidas inmediatas para corregir estas graves violaciones. Los informes recomiendan la clausura de las instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad humana y el traslado de los detenidos a establecimientos más adecuados, además de garantizar el acceso a la atención médica, la provisión de alimentos y el agua potable, y de mejorar las condiciones de higiene en todos los centros de detención”. Por último, remarcó que no se trata de meras recomendaciones hechas por el Comité, sino que son imperativas para una sociedad.