Hasta hace unos pocos días, el Estado argentino podía usar los datos personales acumulados durante la emergencia sanitaria para cualquier propósito. Este mes, la Justicia cerró esa posibilidad al ordenar al Estado Nacional la eliminación de las bases de información que seguían disponibles para usos no consentidos. Ese fallo histórico se dio en el juicio promovido por las organizaciones no gubernamentales Democracia en Red y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).

Todo comenzó en abril de 2023, cuando estas organizaciones presentaron un amparo para que cesara la aplicación de la decisión administrativa de 2020 que autorizaba al Estado Nacional a compartir información de la población obtenida mediante la aplicación Cuid.Ar y otros programas similares generados para hacer frente a la pandemia. La covid-19 pasó, pero la regulación se mantuvo y eso habilitaba a utilizar los datos personales de millones de ciudadanos argentinos para finalidades que aquellos no habían aprobado.

Según las ONG, esta hipótesis era inconstitucional. En la web Datos en Fuga, Democracia en Red y ODIA recordaron que el amparo había quedado radicado en la Sala V del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y que, en un primer momento, el Ministerio Público Fiscal había dictaminado que correspondía rechazarlo. En el medio, la Fundación Vía Libre y el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial presentaron un “amicus curiae” para apoyar el reclamo. Finalmente, el 7 de junio de 2024, la Sala V hizo lugar al planteo y dispuso que el Estado Nacional presente un plan para borrar de manera integral las bases de datos.

Democracia en Red y ODIA afirmaron que esta sentencia implicaba un paso significativo para la creación de herramientas procesales y jurisprudenciales que protejan los derechos de las personas a resguardar su intimidad en la era digital. “Es la primera vez que se logra la supresión colectiva de datos. La Justica subrayó la importancia de que haya consentimiento y autodeterminación informativa respecto de nuestros datos personales”, detallaron las organizaciones.

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que, más allá de los aspectos legales, esta victoria judicial invitaba a repensar los contornos de lo que se consideran “datos personales”: "en una realidad dominada por el procesamiento masivo de información, es crucial redefinir y cuidar la privacidad y los derechos digitales de la ciudadanía".

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