Miguel “Miguelón” Figueroa, fracasó en su intento de que un juez lo autorice a ingresar un teléfono celular al penal de Villa Urquiza donde se encuentra cumpliendo una doble condena a prisión perpetua por homicidio. Además solicitó su reincorporación al programa de laborterapia para poder trabajar dentro del Servicio Penitenciario.
“Miguelón” fue la primera persona en la historia judicial que recibió dos condenas a perpetua en un lapso de tres semanas. La primera fue el 16 de febrero de 2024 tras ser considerado coautor de los delitos de homicidio agravado por arma de fuego y tentativa de homicidio por los asesinatos de Héctor Gabriel Amaya y Leonardo Josías Sepúlveda, ocurridos el 18 de diciembre de 2020 en Villa 9 de Julio. El 8 de marzo se sentó por última vez frente al estrado donde escuchó su nueva condena a prisión perpetua por el crimen de Ramiro Ledesma, ocurrido el 13 de marzo de 2021.
Tres meses después, Figueroa junto a su abogado defensor Macario Santamarina le solicitaron a la Justicia que le devolvieran un celular que había sido secuestrado en febrero, que le permitieran el uso de un nuevo dispositivo móvil dentro del penal y que le permitieran volver a realizar trabajos en el penal. El lunes realizaron un primer intento, sin embargo la audiencia fue suspendida ya que faltaban informes con los detalles de la situación.
En una nuevo debate realizado ayer se presentó Fátima Elizabeth Giménez, la directora de la Unidad 10 del Servicio Penitenciario donde se encuentra alojado Miguelón, para aclarar los puntos planteados por la defensa. Según informó la subcomisaria, el 8 de abril la auxiliar Mónica Torchan de la Fiscalía de Delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira envió al penal un mandato judicial negando el pedido de entrega del celular secuestrado que había solicitado el interno junto a su abogado. Al justificar la negativa, informaron que estaban analizando el teléfono y que aún restaban practicarle pericias.
Respecto de esto, Santamarina manifestó que no estaba enterado de que se había abierto una investigación en la que Figueroa se viera involucrado para justificar el análisis de su teléfono. El profesional también pidió que aunque no le devuelvan el celular secuestrado lo dejaran ingresar uno nuevo. “Mi cliente no está imputado en esta causa, ni siquiera se formalizó una investigación; me acabo de enterar del legajo. La población carcelaria tiene una serie de derechos, entre los que está el uso de su teléfono, y quien puede prohibir el uso es un juez, no el Ministerio Público Fiscal”, alegó.
Figueroa, al no tener acceso a un celular personal, tiene permitido comunicarse durante la mañana y la tarde a través del número provisto de la Unidad mientras es monitoreado por el personal del Servicio Penitenciario.
La condena a “Miguelón” fue un claro mensaje a los narcosNo es la primera vez que “Miguelón” está involucrado en un inconveniente con teléfonos celulares desde que está privado de la libertad en el Servicio Penitenciario. En febrero, seis días antes de que fuera enjuiciado por primera vez, estuvo señalado de haber amenazado a través de su cuenta de Instagram a los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos y a algunos testigos para que no se presentaran a declarar en su contra.
El mensaje generó revuelo en las autoridades provinciales. La Policía tuvo que reforzar las medidas de seguridad, el ministro fiscal Edmundo Jiménez solicitó la suspensión de ambos juicios y el gobernador Osvaldo Jaldo envió su apoyo a los fiscales y pidió que los debates se celebraran.
El MPF impulsó una investigación para establecer las razones por las que el recluso tendría un celular en su poder con el que habría realizado las intimidaciones.
Caso reciente
El 5 de junio los guardiacárceles secuestraron en la Unidad 10 del penal -que originalmente estaba destinada a penados federales por narcotráfico- 15 celulares, una gran cantidad de puntas carcelarias y cuchillos “hechizos”, ocho bochas de marihuana y 12 pastillas de psicofármacos. El director general del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, dijo que se trató de un secuestro muy grande, especialmente por la cantidad de teléfonos secuestrados. “Me sorprende el número de celulares que hallamos, porque con uno nada más pueden hacer muchas cosas; 15 móviles que no estaban autorizados es un montón”, señaló.
Huelga de hambre
Luego de que le negaran el uso de su celular, Figueroa inició una huelga de hambre y faltó a sus tareas de mantenimiento desde el 8 hasta el 11 de abril.
Giménez explicó que fue revocado del servicio de laborterapia como consecuencia de su ausencia y en su lugar fue reemplazado por otro interno ya que debido a la crisis carcelaria hay pocos cupos disponibles de trabajo.
Durante la audiencia, el hombre pidió reingresar a la laborterapia y no “sufrir represalias por parte de la Unidad 10”. “Era un beneficio que él tenía y del que se le fue privado, lo cual va en contra de la progresividad de los regímenes penales”, planteó Santamarina.
El juez Sebatián Norniella Parache resolvió no hacer lugar a la entrega del dispositivo móvil ya que consideró que así podría interferir en la investigación del MPF. Respecto del beneficio de laborterapia ordenó que “Miguelón” ingresara a una lista de espera para poder retomar su trabajo cuando haya cupos disponibles.