El acceso a la Justicia no es sólo un derecho para los ciudadanos; se trata de una de las principales obligaciones del Estado. Crear herramientas para que cualquier persona cuente con la oportunidad de iniciar un pleito cuando se vulneran algunos de sus derechos debería ser una política a seguir por parte de quienes tienen la misión de conducir los estamentos judiciales. Por eso el plan que lleva adelante la Corte para ampliar y modernizar la red de Juzgados de Paz se torna tan importante.

Hace pocos días se inauguraron las nuevas sedes de los juzgados de El Mollar y de Amaicha del Valle. En ambos casos, los proyectos tuvieron lugar en el marco del Plan Máster, cuyo objetivo es acercar la justicia al interior con edificios de calidad, permitiendo un mejor funcionamiento de los mismos y otorgando óptimas condiciones de trabajo para el personal y la atención del ciudadano. En ese contexto, en el transcurso del año pasado y durante los primeros meses de 2024 la Corte ha inaugurado edificios nuevos en Alderetes, Lules, La Ramada, La Cocha, Los Puestos y Taco Ralo.

Durante el acto de apertura, el presidente de la Corte Daniel Leiva afirmó: “qué mejor lugar que Amaicha para hablar de acercar distancias: sus habitantes tienen más de 150 kilómetros hasta San Miguel de Tucumán, más de 100 hasta Monteros, otros 60 hasta El Mollar, un poco menos hasta Tafí del Valle. Y no son solamente los kilómetros: hay unos cuantos cerros que atravesar y otras complejidades. Como Poder Judicial, entendemos que es en estos espacios donde debemos acercar las distancias y abrir puertas para el acceso a la Justicia”. Antes había remarcado: “nadie debe perder de vista que detrás de cada expediente judicial hay una historia de vida. Eso debe comprometernos a todos en este trabajo que venimos realizando de acercar todo lo posible la Justicia a los ciudadanos”

La función de los Juzgados de Paz es amplia, pero uno de los aspectos en los que ahora pueden intervenir realza su importancia. Es que los casos de violencia de género e intrafamiliares pueden denunciarse en cualquiera de los Juzgados de Paz de la provincia a partir del 1 de mayo. De esta manera se evita el traslado de las víctimas hasta alguno de los centros judiciales, sobre todo teniendo en cuenta lo delicado de estos casos y la necesidad de brindar una respuesta inmediata, tal como lamentablemente enseña la experiencia vivida en los últimos años. Según se especificó, esta disposición de la Corte se enmarca en las políticas que vienen implementando para garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio provincial.

El plan de la Corte comprende además el cambio de la figura del juez lego al letrado. Uno de los ejemplos del trabajo que realizan desde ahora los Juzgados de Paz tiene que ver con actuaciones relacionadas con medidas de protección, una de alimentos provisorios y otra de protección de personas, que marcan un avance en la profundización del servicio de justicia en el interior de la provincia.

Ante casos en los cuales muchísimas personas no saben que pueden concurrir a un juzgado dentro de su propia población, la ampliación de esta red en la provincia sólo puede traer beneficios. Comunicar e informar sobre los mismos ayudará a que su presencia redunde en más derechos para los ciudadanos.