“Esta quiebra no tiene ni pies ni cabeza. Va camino a ser declarada fraudulenta”, anticipó el abogado tucumano Alfredo Aydar que cuestionó este proceso judicial que está cargado de decisiones polémicas y cuestionamientos legales. Hasta un fiscal federal pidió que se investigara un proceso fraudulento.

Al poco tiempo de haber sido detenido, Edgar Bacchiani solicitó la quiebra de Adhemar Capital y de su persona. La justicia civil catamarqueña aceptó el pedido de la firma únicamente y todavía no resolvió sobre el otro pedido.

La convocatoria era para los damnificados de todas las provincias donde operó la empresa. De los por lo menos 5.500 perjudicados, sólo se presentaron a reclamar su capital 269. “Fue escasa la cantidad de damnificados que se presentó a verificar. El hecho de que el trámite debía realizarse en una extraña jurisdicción y de que dependía de los tiempos del Poder Judicial desalentó a los ahorristas. Muchos tucumanos desistieron de continuar su reclamo y prefirieron pasar a pérdida su inversión”, explicó el abogado Jaime Roig que representó a tucumanos que habían sido perjudicados por el “Trader God” en el fuero comercial.

“Con esto, Adhemar Capital ya ganó, porque el pasivo verificado resultó ser infinitamente inferior al que se presumía y el paso del tiempo diluyó el monto del crédito de cada inversor”, añadió el profesional.

Aydar también cuestionó la nómina de las personas a las que se le dio por aceptada la acreencia. “Hay personas vinculadas al poder político y hasta dos de los investigados en la causa. Eso nos llama poderosamente la atención y esperamos que se investigue hasta las últimas consecuencias”, sostuvo el profesional en una entrevista con LA GACETA.

Insólita situación

En diciembre de 2021, antes de que Adhemar comenzara con las cesación de pagos, la Policía descubrió que desconocidos trasladaban de manera ilegal U$S100.000, por lo que decidieron secuestrarlos. Bacchiani habría asegurado que ese dinero era el fruto de la venta de un auto de alta gama.

Al sospechar de que se trataba de fondos que habían sido trasladados desde la sucursal de Yerba Buena a la de Catamarca, el juez federal Miguel Ángel Contreras pidió que le enviara el dinero porque él estaba llevando adelante el expediente.

Pero el magistrado, al tomar conocimiento de que la justicia ordinaria había iniciado el proceso de quiebra en contra de la empresa, decidió entregar el dinero. Al enterarse de este planteo, el fiscal federal Gustavo Gómez presentó un recurso para cuestionar la decisión de Contreras porque consideró que no debía haber transferido esos fondos que podrían haber estado originados en una actividad ilícita.

Además, le solicitó a los miembros de la Camara de Apelaciones que el juez Contreras iniciara una investigación ante una supuesta quiebra fraudulenta.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que investiga el caso, se opuso a que avance el pedido de quiebra ordenado por la justicia ordinaria de Catamarca. “si recuperamos bienes que son producto del lavado de activos y eso pasa a la quiebra, la quiebra estaría pagando dinero lícito que tiene origen ilícito. Y ésa es una problemática que se está dirimiendo, donde el juez Contreras tiene la idea de pasar todo a la quiebra, y el Ministerio Público Fiscal no, justamente para no cristalizar ese tipo de delito, el lavado de activos”, finalizó.