En agosto del año pasado, luego de un fuerte movimiento ciudadano y una campaña iniciada por el entonces legislador José María Canelada, la Legislatura decidió tratar las iniciativas de Ficha Limpia. Pero finalmente se aprobó el proyecto del oficialismo que solo inhabilita las candidaturas de aquellos ciudadanos que cuenten con sentencia firme por delitos vinculados a hechos de corrupción; o por delitos contra la integridad sexual o de lesa humanidad.
"La legisladora Silvia Elías de Pérez ha decidido darle continuidad a una pelea que no es ni de Silvia ni de Canelada, sino una pelea de cientos de miles de argentinos que exigimos que los representantes públicos sean personas honestas, que sean personas que no tengan antecedentes penales, que no sean delincuentes. Hay un requisito de idoneidad que es indiscutible. No podemos y no debemos tener delincuentes tomando decisiones en ámbitos que impactan en la vida de miles y miles de personas", planteó Canelada.
En ese sentido, el actual concejal agregó: "Me pregunto por qué pondríamos un violador a cuidar toda una provincia. Me pregunto si alguien, en su sano juicio, pondría un estafador, un corrupto a cuidar su negocio. Seguramente la respuesta es no. ¿Por qué pondríamos un delincuente, un estafador, un corrupto, a cuidar las arcas de la provincia, las de un municipio? En su momento, cuando yo era legislador, el oficialismo hizo trampa. Logramos que se discutiera la Ficha Limpia, pero finalmente sancionó una ficha trucha. Ahora vamos a dar la pelea para que en serio Tucumán tenga Ficha Limpia".
Elías de Pérez, por su parte, afirmó: "Ya hemos presentado el proyecto, que lo hemos trabajado conjuntamente con José María Canelada y los equipos de ambos. Queremos que Tucumán tenga Ficha Limpia. Hemos vivido lo que es tener en el sur de Tucumán un narcotraficante de candidato en las últimas elecciones. Otro que ha llegado a ser delegado comunal. No queremos que pase eso nunca más".
Según explicó, "el proyecto tiene dos características: primero, queremos que haya Ficha Limpia, es decir, que cuando haya una sentencia en segunda instancia que condena a una persona, que esa persona no pueda ser candidata a ocupar un lugar público. Pero además, estamos ampliando la cantidad de delitos por los cuales no puede presentarse como candidato. Lo que nosotros queremos es que de una vez por todas, los delincuentes no ocupen cargos".