Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, pero, para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esta fecha no es motivo de festejo. El informe anual presentado recientemente subrayó que el derecho a un ambiente sano cumple 30 años de vida constitucional: fue incorporado por la reforma de 1994 (artículo 41). Pero el documento de la FARN advirtió que la cuestión ambiental estaba siendo relegada desde el punto de vista legislativo. La organización de la sociedad civil es especialmente crítica por el impacto que tendrá en la naturaleza la sanción de Ley Bases (en debate en el Senado).

Andrés Nápoli y Pía Marchegiani, directivos de FARN, cuestionaron el accionar del Gobierno de Javier Milei. “En lugar de estar haciendo un balance de los logros y los pendientes de la inclusión de este derecho colectivo fundamental en la Carta Magna, la llegada a la presidencia de Javier Milei —conocido por negar públicamente el cambio climático— modificó de manera rotunda el contexto y supone mayores desafíos en estos tiempos de crisis ecológica”, expresaron.

El informe 2024 es el número 16 de la FARN y se titula “Contra la corriente. Perspectivas para garantizar el derecho al ambiente sano”. Desde diversas ángulos, más de 40 autores especialistas en la temática analizan la situación del país en términos ecológicos y políticos, y plantean una serie de retos para garantizar el derecho -legítimo- a un ambiente sano.

Los autores del reporte sostuvieron que el Presidente evadió la cuestión del ambiente, pero que las medidas que propone sí lo afectan de manera directa. Ese es el caso de la reforma a la Ley 26.737, mejor conocida como “Ley de Tierras”. Si bien a primera vista la enmienda no pareciera abordar un tema ambiental, los autores afirman que su aprobación podría traducirse en la mayor adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras, en especial de aquellas que están vinculadas a proyectos extractivos, lo que podría ser perjudicial para el ambiente.

Además, los expertos de FARN observaron que el paquete de la Ley Bases (tuvo sanción en Diputados) incluye una serie de medidas que favorecen a grandes empresas de hidrocarburos que, según ellos, en 2023 recibieron $ 150.000 millones en subsidios. 

“Las problemáticas ambientales no están pasando por un momento favorable ni en la Argentina ni en el mundo. Estamos en un contexto donde los gobiernos autocráticos crecen en muchos lugares y cuestionan la democracia; exaltan los nacionalismos y cuesta mucho promover procesos de carácter colaborativo como los que necesita la agenda ambiental tanto a nivel nacional como internacional”, explicó Nápoli.

Si bien la FARN consideró que la administración de Milei directamente daba la espalda a la emergencia ambiental, convocó a no perder las esperanzas. “Hoy nos encontramos nadando contra la corriente, por eso es momento de tender puentes, de juntar esfuerzos y de seguir incidiendo en el Congreso de la Nación. Tenemos que peticionar a las autoridades, litigar en la Justicia, y apoyar a las personas que luchan para proteger el ambiente y la calidad de vida de los territorios que habitan”, afirmaron los responsables de la organización de la sociedad civil.

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