Se acabaron las polémicas y las especulaciones. El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que el proyecto del Gobierno es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años en nuestro país. La iniciativa será presentada en los próximos días al Congreso y deberá ser aprobada por las dos cámaras para que se convierta en ley.
“Tenemos mucho diálogo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ella se involucra personalmente y con mucha idoneidad en los temas. Estamos delineando las pautas finales. Creo que va a quedar anclada en los 13 años la imputabilidad”, anunció Cúneo Libarona, en una entrevista con “La Opinión Austral”.
“En los últimos dos meses que estuvimos trabajando en la materia, inclinados por los 14 años, sucedieron muchos hechos de chicos de 13. Entonces eso nos hizo repensar lo que estábamos conversando. Estábamos entre 13 y 14 años, y en base a los informes estadísticos que habíamos analizado, y la legislación mundial, estamos resolviéndolo en ese sentido”, comentó.
Mariano Cúneo Libarona dijo que la edad de imputabilidad “puede quedar anclada en los 13 años”“En los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad a la edad que se cometa el delito”, indicó días atrás Bullrich. “En caso de delitos menores ayuda a que los jóvenes no sigan en su carril. Estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población”, agregó la ministra de Seguridad de la Nación.
Actualmente, en la Argentina, el Régimen Penal de Minoridad (promulgado en 1980 durante la última dictadura militar) estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años. En otras palabras, los menores de esa edad no pueden ser juzgados en el actual sistema de justicia.
Los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Solo pueden recibir un castigo penal aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años, pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados, llamados Centros de Recepción y Contención de Menores, como es el caso del Instituto Roca en nuestra provincia.
Opinión
“Hay que separar dos conceptos que son la edad mínima de responsabilidad penal y la posibilidad de establecer un sistema de justicia con enfoque diferenciado para personas menores de edad, que habitualmente se llama fuero penal juvenil”, explicó el juez de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Jueces Penales de la Capital y docente de la materia Régimen Penal Juvenil y Ejecución de Sentencia en la UNT, Federico Moeykens.
“En Argentina la reforma del sistema de justicia penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”, sostuvo el magistrado. “Existen experiencias internacionales que han demostrado que disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”, añadió.
El especialista en la materia dijo que Uruguay mantiene la imputabilidad penal a los 18 años y cuenta con un sistema infraccional adolescente para menores de 13 a 17 años. En Brasil, la mayoría de edad también es a los 18 años, con medidas socioeducativas a partir de los 12 años. En Chile pasa lo mismo, pero hay un sistema de justicia penal especial para mayores de 14.
Moeykens destacó que en estos países los menores en conflicto con la ley no son enviados a la cárcel, sino que son internados en lugares especialmente preparados para la atención de los adolescentes. “Allí se les garantiza el acceso a educación y programas de rehabilitación para atender el consumo de drogas y alcohol. También se contempla la reparación del daño causado con su accionar, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida e inserción a un régimen de semilibertad. Pero nunca pueden estar internados más de tres años”, finalizó.
Estadísticas
Tanto los libertarios como Bullrich en sus respectivas plataformas electorales prometieron que bajar la edad de imputabilidad sería una de sus prioridades. Insistirán con la iniciativa hasta que tenga luz verde porque, según dicen, hubo un incremento en la participación de menores en delitos. Sin embargo, no son muchas las estadísticas sobre el tema o por lo menos, no se difunden.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con un organismo llamado Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encarga de hacer informes estadísticos sobre los adolescentes en conflicto con la ley. En el reporte dado a conocer a fines de marzo dieron cuenta de que en el ámbito de la Justicia nacional, en 2023 hubo 1.767 menores involucrados en hechos delictivos, lo que representa un incremento de 7,5% con respecto a 2022. Menos del 29% era reincidente. Los datos reflejan lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, según el último censo, tiene unos 3 millones de habitantes.
En nuestra provincia no hay un informe tan detallado como este. Pero LA GACETA pudo establecer que entre el 1 de enero y el 20 de mayo, la Policía detuvo a 109 menores acusados de haber cometido algún tipo de ilícito. Representan menos del 5% de los más de 2.600 arrestos que concretó la fuerza en idéntico período.