Luego de casi un mes de tratamiento en comisiones, el jueves pasado el oficialismo logró obtener las firmas necesarias para los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal, lo que permitirá sesionar en el recinto del Senado de la Nación.

Para alcanzar este consenso, el Gobierno nacional debió ceder en más de 40 modificaciones impulsadas por bloques dialoguistas nacionales y partidos provinciales. 

Jaldo insistió con su apoyo a la Ley Bases

A continuación, se detallan los cambios más significativos aceptados por el oficialismo.

Ganancias

Uno de los capítulos más debatidos fue el de Ganancias, especialmente en lo que respecta a la restitución de la cuarta categoría, un tema que generó fuerte resistencia por parte de las provincias patagónicas. Como respuesta, el oficialismo decidió incrementar en un 22% el mínimo no imponible para los habitantes de la región sureña. No obstante, esta medida no logró satisfacer completamente a los senadores y gobernadores del centro del país, que también cuentan con asalariados de altos ingresos.

Blanqueo

En el ámbito del blanqueo, se introdujeron dos cambios cruciales. En primer lugar, se excluyó a los hermanos de los funcionarios de la posibilidad de adherirse al régimen. Además, se estableció que los funcionarios públicos que hayan ejercido un cargo en los últimos 10 años tampoco podrán acogerse al blanqueo. Estas modificaciones buscan fortalecer la transparencia y evitar posibles conflictos de interés.

Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)

El RIGI fue otro punto central de las discusiones. El Gobierno modificó la redacción del artículo 163 para proteger las autonomías provinciales y añadió la obligación para que las empresas que se adhieran al régimen presenten un plan de desarrollo con proveedores locales. Asimismo, se equiparó a las industrias nacionales para que puedan acceder a los beneficios fiscales y cambiarios, fomentando así la inversión y el desarrollo local.

Regalías Mineras

A instancias del senador José María Carambia (Santa Cruz), el oficialismo acordó incrementar las regalías mineras provinciales del 3% al 5%. El texto consensuado establece que "las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al cinco por ciento sobre el valor 'boca mina' del mineral extraído". Esta concesión busca aumentar los ingresos provinciales derivados de la explotación minera.

Facultades Delegadas

En cuanto a las facultades delegadas, el Ejecutivo aceptó restringir su alcance y excluyó a 15 organismos e instituciones públicas de la posibilidad de intervención para su eventual disolución. Entre estas instituciones se incluyen el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otras. Además, se añadió una cláusula para garantizar el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, una demanda de los legisladores radicales.