La polémica por las 5.000 toneladas de alimentos que están guardadas en depósitos y que el Gobierno no distribuye está lejos de apaciguarse. Un importante número de referentes sociales de Tucumán decidió denunciar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la Justicia Federal. Según se supo, más de 2.000 de esas toneladas están en Tucumán.
La presentación fue realizada ante la fiscalía federal general que conduce Gustavo Gómez, y rubricada por Mercedes Leguizamón, referente del Frente de Mujeres Campesinas, Juan Jose Paz, referente del MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indigena), Gabino Juan Pacheco, referente de Nuestra América; Manuel Delgadino, referente del Frente Barrial 19 de Diciembre; Johanna Celeste Salas Gretel, referente provincial de la Organización María Claudia Falcone; Noelia Roxana Morales, responsable de la Asociación civil Bichito de Luz; Nelida del Valle “Merry" Anastasia, referente del Movimiento de Trabajadores Unidos (MTE), Silvia Irene Di Donato, referente de la organización “La 17”; Jorge Hector Burgos, referente de MTV MILES; Jorge Luis Bustos, presidente de la "Asociación Civil Ritmo y Pasión"; Jorge Real, responsable de la Organización Nacional 9 de Julio, María Eva Casmuz, referente de Corriente política 17 de agosto; Giannina del Rosario, referente de la Organización 25 de Mayo; Matias Jose Plaza, presidente de la Asociación Civil Militancia del Pueblo, todos con el patrocinio del abogado José Ginés Araez.
Pettovello suspendió la entrega de mercadería para comedores y merenderos bajo el argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en distintas irregularidades.
Según denunciaron los referentes, “distintos indicadores de público conocimiento arrojan en el último año mediciones de pobreza preocupantes. Para la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC la misma se ubica en un 411 7% de los hogares de la República y la tasa de indigencia en 11,9% abarcando esta última un universo de 3,5 millones de personas”.
Referentes sociales critican las 2.000 toneladas de mercadería para comedores retenida en Tucumán“Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), se estima que el 64% de los 13 millones niños, niñas y adolescentes que viven en este país son pobres. Estas condiciones de pobreza extrema son el producto de políticas económicas cuyas causas escapan al ámbito de una denuncia. Lo que no lo hace es puntualmente la responsabilidad de un funcionario nacional que se encuentra enmarcado en una normativa que le obliga a abastecer de alimentos a los sectores vulnerables”, agregaron.
Y luego explicaron que “si bien el Estado Nacional ha tomado la medida de elevar los montos en de la Tarjeta Alimentar, al mismo tiempo ha dejado de enviar provisión adecuada de alimentos a merenderos y comedores de quienes suscriben esta denuncia”. “Hay un deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”, dijeron. Y luego analizaron: “resulta de conocimiento público la presencia de mercadería sin entregar en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano en. la ciudad de Tafí Viejo, mientras no cesa nuestro reclamo por alimentos para paliar la acuciante emergencia alimentaria”.
Tras conocerse la existencia de la mercadería almacenada en depósitos, los denunciantes aseguraron que “la señora Pettovello. tuvo conocimiento de que debía garantizar alimentos a comedores y merenderos. Sin embargo omitió deliberadamente con estas obligaciones esenciales respecto de la función que le fuera asignada”. “Sin embargo de manera caprichosa, so pretexto de irregularidades (que a la postre fueron objeto de una denuncia que fuera ya desestimada), decidió interrumpir el suministro de alimentos a comedores”, afirmaron.
“Aquí nos encontramos con una omisión, de un funcionario con dominio del hecho para hacer cumplir la normativa. En efecto ya es de público conocimiento que "El ministerio a cargo de Sandra Pettovello interrumpió la entrega de alimentos a comedores de las organizaciones sociales, la mayoría críticas del gobierno, al afirmar que casi el 50% de los sitios son "inexistentes'' y ordenó una auditoría”.
Por todo esto pidieron, entre otras medidas, se realice una inspección ocular en el inmueble sito en Avenida Independencia 551-599 de la ciudad de. Tafí Viejo donde estarían estacionados los alimentos (con la correspondiente orden de allanamiento en caso de resultar necesario), a efectos de realizar un inventario de los elementos existentes a la fecha en dicho depósito”.
Tras recibir la denuncia, Gómez se la trasladó al fiscal federal n° 2, Agustín Chit, para que analice si es procedente y en ese caso, si se debe avanzar en la investigación.