El veto interpuesto por el gobernador, Osvaldo Jaldo, a las normas sancionadas en la Legislatura y que establecían la ampliación de prerrogativas para los auxiliares fiscales y de territorialidad para los jueces penales generó diversas posturas en el Parlamento.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse había cuestionado la decisión del mandatario. Sin embargo, su par Walter Daniel Herrera justificó la decisión al señalar que el gobernador tiene, como atribución y deber, nombrar, con acuerdo de la Legislatura, los fiscales.
"Para nombrar los fiscales, en el mismo artículo e inciso la Constitución le exige que tenga en consideración el dictamen que al respecto emita el Consejo Asesor de la Magistratura, que es vinculante”, remarcó.
Las mismas facultades y deberes
"La reforma que se pretende introducir implica que los Auxiliares Fiscal tendrían las mismas facultades y deberes que los Fiscales Titulares, sin que su selección se encuentre en cabeza de los Poderes y del organismo que establece la Constitución que, entre otras cuestiones, busca garantizar la idoneidad para el cargo de los postulantes”, agregó.
Herrera destacó que cualquier persona que se encuentre acusada en una causa penal, tiene la opción de elegir entre ser defendido por un defensor técnico público o por uno técnico particular. “Como así también, tiene la posibilidad cambiar de defensor técnico a su entera discrecionalidad. En cambio, el que tiene la función de ejercer la acción penal pública, en resguardo de los intereses de toda la sociedad y de la víctima, desde que se inicia la investigación, hasta que concluye el juicio penal, es uno solo. De ahí que no se puede comparar cuando la diferencia de condiciones surge evidente”, resaltó.
Herrera recordó que “el gobierno de Osvaldo Jaldo nombró a 42 jueces, para agilizar la administración de Justicia, con el debido proceso de selección, concurso, entrevista y posterior designación donde los tres poderes del Estado intervienen, más el dictamen del CAM, que es vinculante”.