Más allá de los cambios impositivos que afectaron la distribución de fondos coparticipables, históricamente mayo y junio son los meses en los que las administraciones locales hacen la diferencia para afrontar el segundo semestre sin grandes contratiempos fiscales. Sin embargo, la recesión económica y la falta de tratamientos de las leyes reclamadas por el presidente Javier Milei al Congreso implican amenazas para la recaudación que, en términos reales (con el efecto inflacionario), vienen en picada.
En lo que va del mes hubo un cambio significativo en los envíos automáticos nacionales a provincias respecto a lo que venía sucediendo en los primeros meses. Al día 15, comparando con los primeros 15 días de mayo de 2023, estos envíos reflejaban una caída interanual real del 15%, es decir, en línea con la caída de estos envíos acumulada a abril (-19%). Sin embargo, los días 16 y 17 de mayo fueron enviados a las jurisdicciones subnacionales casi $ 2 billones, prácticamente el doble de explica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) acerca del comportamiento de los giros automáticos de fondos nacionales coparticipables.
¿Qué sucedió para que se revierta la tendencia? Las empresas que cerraron balances a fines de 2023 empezaron a pagar los saldos de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias. Ocurre que, con tan significativa devaluación del peso en diciembre, las empresas con activos dolarizados registraron importantes ganancias de capital, lo que implicó que paguen mucho más impuesto a las Ganancias, completa el Iaraf. Según ese reporte, en el peor de los escenarios, Tucumán podría alcanzar excedentes equivalentes a casi $ 18.000 millones respecto de lo que viene recibiendo, una suma que lograría cubrir -por ejemplo- los acuerdos salariales alcanzados con los gremios estatales durante esta semana. En el mejor de los escenarios, si se mantienen los aportes de las empresas por Ganancias, la provincia podría recibir un excedente cercano a los $ 92.000 millones. En este último cálculo mucho tendrá que ver que los ingresos sean constantes y al alza, tal como se percibieron en estos días.
Más allá de estas estimaciones, hay otra que sigue inquietando al gobernador Osvaldo Jaldo: la falta de sanción de la Ley Bases que, entre otras medidas, demora la restitución del cobro del impuesto a las Ganancias a los trabajadores con sueldos superiores a $ 1,8 millón, el blanqueo de capitales y una amplia moratoria. De acuerdo con los cálculos oficiales, las vicisitudes en el Senado le cuestan a Tucumán, por ejemplo, unos $ 180.000 millones este año. La cifra no es menor si se toma en cuenta que, mensualmente, implicarían un ingreso extra de alrededor de $ 25.000 millones, lo que equivale a un cuarto de la planilla salarial mensual del sector público provincial. Jaldo viene diciendo que los proyectos enviados por la Casa Rosada al Senado serán aprobados, aunque con algunas modificaciones. Esto significará que la Cámara de Diputados tenga que analizar nuevamente el paquete de leyes antes de su promulgación.
Sin una recuperación rápida de la economía, las provincias necesitan fondos adicionales para encarar, por ejemplo, obras públicas. Los gobernadores advierten que no están dispuestos a convertirse en administradores de la crisis y a conformarse sólo con pagar los sueldos al día. El segundo semestre será clave no sólo para la economía, sino también para el posicionamiento político de cara a un año de renovación parcial de legisladores nacionales. Ningún gobernador quiere perder poder electoral territorial, independientemente de que Milei pueda o no aprovechar la desaceleración inflacionaria y un cambio de tendencia de las variables macroeconómicas en la Argentina. De allí la sintonía fina que Jaldo viene sosteniendo con la Casa Rosada, porque en 2025 el gobernador tucumano -como sus pares de otros distritos- pondrá a prueba su gestión en el test electoral de medio turno.