El caso de abuso sexual que dejó al descubierto la existencia de una comunidad virtual que comercializaba contenidos sexuales tuvo un importante avance. Al policía acusado de haber le dictaron el arresto domiciliario por 60 días. Además, se confirmó que después de que LA GACETA visibilizara el hecho, los responsables habrían cerrado el grupo que funcionaba en la red social de Telegram.

En marzo, la joven fue obligada a mantener relaciones por una persona que se desempeña en la fuerza y con quien había tenido una relación pasajera. Pronto, la víctima, identificada como J., comenzó a recibir mensajes por WhatsApp de desconocidos preguntándole condiciones por los servicios sexuales que supuestamente ofrecía.

La chica, cuyo nombre se mantiene en reserva, logró que un joven le dijera lo que estaba pasando. Así descubrió que el denunciado contó que su contacto aparecía en un grupo llamado “Contenido Tucumán”. Descubrió que el efectivo policial era el que había publicado sus datos en venganza.

La víctima realizó la denuncia en la seccional 1ª y de allí fue derivada a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Las actuaciones habían sido iniciadas por calumnias y, tal como estipulan las normas, fue archivada. En una noche de desesperación, se comunicó al teléfono de asistencia de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Una profesional no sólo la escuchó, sino que la asesoró para que hiciera una nueva denuncia y aportara todas las pruebas que había conseguido en una investigación particular.

Volvió a presentarse en el Ministerio Público para hacer una nueva denuncia. Deambuló por los pasillos durante varios días. A causa de la reestructuración, no se había determinado que fiscalía actuaría. No aguantó más e hizo público el caso a través de una nota publicada el lunes en LA GACETA.

Cambios

El martes, personal de la fiscalía que conduce Augusto Zapata se comunicó con ella. Paralelamente, el personal de Trata de Personas, comenzó a investigar la existencia del grupo de Telegram. El miércoles, con el patrocinio de los abogados Agustina Recalde y Patricio Char, declaró el ataque que había sufrido y los resultados de la investigación que realizó de motu proprio.

“Me preguntaron si podía entregar el celular para que sea analizado, pero me negué a hacerlo porque todo lo que tenían que saber se lo había presentado”, destacó J. horas después de haber sido entrevistada en tribunales.

El fiscal Zapata analizó el caso y solicitó un allanamiento y la detención del denunciado. El miércoles por la tarde, los efectivos de Trata, al mando de los comisarios Marcelo Soraire y Florencia Rodríguez, detuvieron al agente L.M.A (30 años). Los pesquisas descubrieron que el efectivo prestaba servicios en Casa de Gobierno, pero al ser descubierto como uno de los uniformados que integraba el grupo de policías que intentó incitar una sedición fue trasladado a la comisaría de Alberdi.

La audiencia

Ayer se realizó la audiencia de formulación de cargos. Pese a que fue a puertas cerradas, varias fuentes coincidieron que tuvo un alto contenido emotivo por cómo se presentó el debate. Por un lado, la agresiva estrategia que planteó el defensor del acusado, y por el otro, la dura declaración que realizó la denunciante.

El imputado se habría defendido asegurando que había sido un encuentro consentido, que venían teniendo relaciones desde hace bastante tiempo y habló sobre los gustos sexuales de la joven, lo que valió un llamado de atención de la jueza Eliana Gómez Moreira. En definitiva, basó su planteo diciendo que J. lo había denunciado por venganza.

“Me siento sucia hasta el día de hoy. El defensor dice que debería haber denunciado inmediatamente, pero a él le digo: ¿tiene hijas? Sabe que mi madre y mi padre nunca imaginaron que pasaría por esto. Bueno, lo mismo le puede pasar a usted”, habría señalado.

Entre lágrimas agregó: “Él me violó y me metió en un mercado de prostitución por Telegram. Se comportó como abusador y como proxeneta. Tengo miedo de salir a la calle porque los hombres son misóginos y me van a raptar o algo”. “Esta persona, como muchas otras, no puede seguir en la fuerza policial”, añadió.

La jueza Moreira aceptó que se lo acusara de abuso sexual y le dictó el arresto domiciliario por 60 días.

El grupo

En la audiencia de ayer, una de las pruebas que tuvo en cuenta la jueza para procesarlo fue que el policía habría publicado los datos personales de la denunciante en el grupo “Contenidos Tucumán”. La víctima, entre otras cosas, descubrió que en ese grupo se publicaban videos y fotos de mujeres de alto contenido erótico. Los creadores cobraban una tarifa premium para poder acceder a más contenidos exclusivos. La tarifa se ajustaba a lo que el cliente buscaba.

Al policía procesado por abuso, cuya continuidad en la fuerza pende de un hilo, las autoridades le secuestraron el celular para que sea peritado. Los investigadores están convencidos de que allí podrán conseguir información clave para avanzar con la investigación y dar con los responsables del grupo.