Mientras siga vigente una resolución motivada en la emergencia sanitaria, podrán usarse datos personales sensibles para fines no consentidos, por ejemplo, el envío de propaganda política segmentada, según Democracia en Red y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA). Estas organizaciones presentaron en abril de 2023 un amparo para que cese la aplicación de la decisión administrativa  (DA 431/20) que, con el argumento de la necesidad de compartir información de la población para combatir la covid-19, había dictado el Estado Nacional. Pasó la pandemia, pero dicha regulación de marzo de 2020 se mantiene. Esa es la raíz de la causa #ConMisDatosNo.

El juicio se desarrolla con lentitud. En una publicación reciente, Democracia en Red y ODIA recordaron que habían solicitado una medida para paralizar cautelarmente la DA 431/20 y que la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°8, la había rechazado el 7 de septiembre de 2023. El caso subió a la Sala V del mismo fuero para que revise la denegación de la cautelar. “Desde el 11 de septiembre de 2023 aguardamos una respuesta”, dijeron las ONG.

La DA 431/20 habilitó la transferencia de datos personales entre diferentes organismos del Estado recopilados mediante diversas aplicaciones como Cuidar. Si bien se determinó que la app iba a  “destruir aquellos datos que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”, ODIA y Democracia en Red denuncian que sigue en pie la habilitación del Estado Nacional para recolectar, tratar y transferir datos personales sensibles sin la autorización de los dueños de la información. Las organizaciones manifiestan que ello atenta directamente contra la Ley de Protección de Datos Personales, ya que no toma en cuenta el recaudo del consentimiento exigido para permitir el uso de los datos.

Una lucha por el derecho a la privacidad

Las organizaciones afirman que el uso ilegítimo y no consensuado de la información personal por parte del Estado, o de cualquier otra institución o individuo puede comprometer el derecho a la privacidad. En tiempos de avances tecnológicos desenfrenados, las herramientas digitales suelen acumular un gran cúmulo de información de sus usuarios para, en principio, ofrecer soluciones a los problemas que los aquejan y perfeccionar el servicio. Pero la legislación es clara en cuanto a que esta información no debe ser manejada sin consentimiento.

ODIA y Democracia en Red afirman que una ciudadanía digital que resguarde la privacidad es esencial para vivir en una sociedad más democrática, justa y equitativa. “Si la Administración Pública decidiera utilizar esta masa indeterminada de datos personales para fines políticos podría valerse de ellos para incidir en la voluntad de los votantes”, refiere a modo de ejemplo la gacetilla de prensa del amparo.

La Fundación Vía Libre y el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial presentaron un “amicus curiae” para apoyar el reclamo de las ONG. La presentación se funda en la necesidad de no subestimar la importancia del consentimiento en la era digital, donde los datos se convierten en activos económicos para quien los tiene en su poder. “La capacidad de decidir cómo y cuándo se comparten nuestros datos personales es esencial para preservar nuestra autonomía y proteger nuestras libertades individuales”, dijeron los promotores de la causa #ConMisDatosNo.