Esta semana el fiscal Guillermo Marijuan solicitó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que elimine a 2.954 beneficiarios del cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor por vivir en el extranjero.
Hoy, el funcionario judicial dio detalles de la causa. No solo dijo que hay otras más de 7.000 personas que todavía son investigadas, por lo que los requerimientos podrían ampliarse, sino que también precisó que las casi 3.000 que ya solicitó bajar representaban $500 millones por mes para el Estado.
En cuanto a los beneficiarios de pensiones que vivían en el extranjero, cuando en realidad el programa está destinado a garantizar cobertura previsional para adultos mayores de 65 años que no tengan tramitada su jubilación o pensión, Marijuan explicó que hay 2954 personas que ya no están en el país y que cobraban el plan igual.
En diálogo con radio La Red, el fiscal dijo: “Pedí la baja de manera inmediata. Hay un logro inmediato que es dar de baja estos beneficios. Representaban $500 millones mensuales”.
“Después hay 7512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas”, agregó.
Y advirtió que no tiene “ningún impedimento” para, en ocasión de última necesidad, realizar detenciones si alguna de estas personas intenta eludir la acción de la Justicia.
“Son delitos sumamente graves. En el caso de las PUAM son pensiones universales para personas de más de 65 años sin ningún tipo de beneficio social y uno de los pocos requisitos es que residan en la República Argentina. Ahora nosotros tenemos que procesar 3000 causas porque cada beneficiario de esos que no están en el país van a ser denunciados”, sumó.
Asimismo, dijo que “se les va a preguntar a los funcionarios públicos de Anses y los organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos de Anses, para determinar a las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país, residen afuera”.
Sobre estos 2.954 beneficiarios que solicitó a Pettovello dar de baja sentenció: “Se fueron del país y estuvieron más de 90 días sin haber regresado. Tramitaron su beneficio y se fueron”.
A cargo de la fiscalía general vinculada a los delitos de la seguridad social, además de su fiscalía, Marijuan explicó que este tipo de situaciones irregulares se repiten desde 2001. Además, ahondó sobre la causa que tramita Pollicita sobre esta red de piqueteros de distintas organizaciones que son investigados por desmanejos en el Potenciar Trabajo.
“Lo estamos viendo respecto de personas que son obligadas a marchar o a dejar dinero, es algo que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo”, comentó Marijuan y añadió sobre el expediente que estalló esta semana: “Hay miles de llamadas, que algunas lamentablemente se tienen que descartar porque la persona no se ha identificado, pero hay una inmensa mayoría, como las que está trabajando el doctor Pollicita y otras que están en manos de otros fiscales en el interior del país, que la persona está claramente identificada y se manifiesta respecto de una extorsión o algún otro tipo de delito”, comentó.
Mayores controles
Convencido de que es necesario que el Estado optimice los controles y los entrecruzamientos de datos entre los distintos organismos para garantizar la efectividad de los programas sociales, Marijuan enfatizó en que lo judicial tiene que ser “el último eslabón”. También dijo que la comunicación con la población debe ser clara para que la gente no crea que debe cumplir exigencias de líderes sociales, ya que no tienen “ninguna posibilidad” de darla de baja de un programa.
“Tiene que haber un control de los escasos recursos del Estado para evitar ese despilfarro de dinero. Con Pettovello me he reunido apenas asumió. Noté una particular preocupación porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo y sé que están trabajando”, comentó sobre la ministra de Javier Milei, que impulsó una serie de denuncias vinculadas a los planes.