Mediante la multitudinaria marcha que se dio en todo el país el 23 del mes pasado, un grueso sector de la sociedad envió un mensaje sin ambages al Gobierno nacional, en reclamo de presupuesto para la educación y en defensa del sistema universitario público argentino.

En Tucumán, la marcha -encabezada por las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), incluidas las 13 Facultades y las ocho escuelas experimentales, y conformada también por docentes, por no docentes, por estudiantes, por egresados y por ciudadanos en general- ocupaba varias cuadras del trayecto que une el Rectorado, en Ayacucho 491, con la plaza Independencia.

La administración del presidente, Javier Milei, mostró, sin embargo, una reacción que podría considerarse moderada, si se toma la importancia de la movilización. Las autoridades del Ministerio de Capital Humano de la Nación, bajo cuya órbita funciona la Secretaría de Educación -y sus respectivas Subsecretarías- convocaron a los rectores de las universidades nacionales (UUNN), enrolados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para comenzar a conversar en pos de hallar una solución.

“Luego de la extraordinaria manifestación a lo largo y a lo ancho del país valoramos la convocatoria y el encuentro con las autoridades de la cartera educativa del Gobierno nacional. Trajimos el mismo planteo que venimos haciendo desde enero y, por primera vez ante la ministra (Sandra Pettovello), hemos acentuado la necesidad de recuperar el 50% que se ha perdido en la inversión universitaria”, dijeron las autoridades del CIN, mediante un comunicado.

“Expusimos cada punto de los reclamos de la histórica marcha. Esto significa recuperar las becas estudiantiles, los salarios docentes y no docentes y abordar el tema presupuestario (funcionamiento, hospitales, resoluciones no abonadas, obras, crisis del sistema de ciencia y técnica y otros puntos de interés). Avanzamos en el diálogo, pero sin resultados concretos inmediatos, y seguimos bregando por soluciones en el corto plazo”, añade el documento.

Las autoridades de las universidades públicas del país -provinciales y nacionales- destacaron que el aumento del 70% para gastos de funcionamiento que dio el Gobierno con la partida de marzo, más el 70% prometido para mayo -que se cobraría en junio- significan un incremento del 105%. “Es un aliciente, pero insuficiente para resolver los problemas actuales. Aspiramos a que el camino del diálogo, el trabajo colaborativo y el respeto, lejos de la descalificación y la difamación, permitan resolver los problemas para garantizar las condiciones indispensables para el funcionamiento de las universidades”, cierra el comunicado.

En la casa de Terán

El rector de la UNT, Sergio Pagani, suscribió todo lo dicho por el documento del CIN. “Después de la marcha hubo una reacción del Gobierno, que entendemos positiva, en cuanto a llamar al diálogo y a estar dispuestos a encontrar una vía de solución al problema”, dijo.

Pagani contó a LA GACETA que, en representación del CIN participaron del mitin con las autoridades nacionales el presidente del organismo, Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis); el vicepresidente, Oscar Alpa (de la Universidad Nacional de La Pampa), entre otros rectores. “La idea es intentar armar una agenda. En esa reunión no hubo respuestas concretas, pero se mostró disposición a trabajar en ese sentido”, añadió el rector de la UNT.

Contó que entre el martes y el miércoles de la semana que viene se reunirá el comité ejecutivo del CIN para analizar en detalle el contenido del encuentro con Pettovello y con los funcionarios del área de Educación. “Eventualmente ahí se verá qué actitud tomaremos en relación a este convite sin respuestas”, remarcó.

Pagani, además, confirmó que llegaron a las universidades -la UNT incluida- las partidas con el 70% de aumento para los gastos de funcionamiento. “Y también enviaron un 8% de incremento para los salarios de los docentes y de los no docentes”, dijo. Precisó, sin embargo, que esa suba salarial no cuenta con acuerdo paritario, sino que el Gobierno decidió darlo unilateralmente.