Dos hombres fueron condenados mediante un acuerdo de juicio abreviado a tres años de prisión efectiva y a un año y medio de prisión condicional por haber simulado el pago de alquileres temporarios, estafar a los propietarios y robar los bienes de los inmuebles.
El caso fue investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira. En una audiencia realizada ayer, la auxiliar fiscal Brenda Deroy expuso ante la jueza María Alejandra Balcázar la teoría del caso de la Fiscalía y los roles que cumplió cada uno de los imputados.
A Gonzalo Gaitán lo acusó de haberse contactado en 14 oportunidades con los dueños de los alquileres temporarios, con quienes pactaba alojarse unos días utilizando documentación apócrifa y enviando comprobantes de pagos falsos. “Mandaba una captura de pantalla de lo que supuestamente era la transferencia, pero en realidad se trataba del momento previo a producirse el traspaso del dinero, por lo que nunca impactó en las cuentas de las víctimas”, explicó la auxiliar fiscal.
A Rodrigo Jiménez lo acusó de participar en cuatro robos. Según indicó Deroy, Jiménez era convocado por Gaitán -mientras estaba alojado- para que se presentase en los inmuebles alquilados y sustrajeran los electrodomésticos.
“El perjuicio se ha ocasionado y se ha demostrado que no han impactado ninguno de los montos de alquiler acordados con las víctimas. Además, en los casos donde no se consiguieron registros fílmicos, se hicieron ruedas de reconocimiento para identificar a los imputados. En cuanto a los hurtos, se han acreditado los testigos que vieron a los acusados retirarse de los lugares cargando los bienes sustraídos”, sostuvo Deroy.
Los imputados asumieron su responsabilidad a través de un convenio de juicio abreviado. Finalmente, Gaitán fue condenado a tres años de prisión efectiva por ser autor de los delitos de estafa, hurto, amenaza, tentativa de estafa y tentativa de robo. Rodrigo Jiménez recibió una pena de un año de prisión condicional por ser autor de los delitos de hurto y tentativa de robo. Además, se le impusieron reglas de conducta y una reparación económica a las víctimas de $100.000.