El Gobierno cuestionó el paro general de la CGT, el segundo desde la asunción de Javier Milei, asegurando de que se trata de un "atentado contra el bolsillo y la libertad de la gente". El vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa, consideró que "hubo más paros que leyes aprobadas" en estos cinco meses de la gestión libertaria.
“Es un paro absolutamente inentendible si es que uno busca buscarle una explicación por fuera de que es un paro político. Un paro a base de piedrazos, a base de extorsión y amenazas no es un paro, es simplemente un día donde vemos la consecuencia de un esquema sindical que claramente ha quedado en otro tiempo”, cuestionó el vocero presidencial.
El funcionario denunció que se hubo hechos de violencia que marcaron esta protesta. “Hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos a piedrazos y pincharon neumáticos con clavos”, dijo y agregó: “hubo fuerzas de choque del sindicato de Camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, Mataderos y San Martín”.
“Qué difícil medir el acatamiento cuando no te dejan llegar al lugar de trabajo y además juegan con el miedo de la gente y de los empresarios a través de la violencia y del amedrentamiento”, añadió.
Según Adorni, hasta esta mañana habían recibido 1.932 llamados a la línea 134, el sistema habilitado para denunciar extorsiones por parte de gremios y organizaciones sociales.
Ante la amenaza que se extienda hasta las 36 horas esta medida de fuerza, el portavoz dijo que el Gobierno está “abierto al diálogo con todos los sectores”, aunque admintió que no coinciden “en absolutamente nada con estos personajes”.
“El diálogo va a estar siempre abierto, estamos para conversar con todos los sectores. Pero la verdad es que este Gobierno tuvo más paros que leyes, hacen todo lo posible para no avanzar en el sentido que votó la gente. Es raro, una situación exótica”, manifestó.
Luego ratificó que les descontarán el día a los empleados públicos que hayan adherido a la medida, Adorni ratificó que no habrá cambios en la intención de reforma laboral que impulsa el Gobierno a través de la Ley Bases.