El oficialismo libertario consiguió hoy los votos para aprobar, en particular, la reforma laboral de la Ley Bases. Con la ayuda de los bloques "dialoguistas", como la Unión Cívica Radical (UCR) y la Hacemos Coalición Federal, La Libertad Avanza obtuvo los votos necesarios para habilitar las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, el reemplazo de indemnización por fondos de cese laboral, la creación de la figura colaborador en empresas y cambios en la norma de Trabajo Agrario.

La reforma avalada por el oficialismo y los "dialoguistas" amplía a un año del período de prueba. Un sector de la UCR intentó incluir una reglamentación para limitar las “cuotas solidarias” a los sindicatos, pero no tuvo el apoyo de los bloques de La Libertad Avanza, Pro y Hacemos Coalición Federal.

Algunos puntos

- Fondo de cese laboral: este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo; es decir, con un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo. 

En su plataforma de gobierno, Javier Milei propuso una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera”. Milei se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Mauricio Macri también quiso impulsar. 

El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad, indicó el diario "La Nación".

- Período de prueba: si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las PyMEs. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta 100 trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.

- Capítulo llamado "Promoción del empleo registrado". Exime de sanciones a empresarios que no tenía a trabajadores registrados. “Es un premio a las patronales”, cuestionó Romina del Plá, del Frente de Izquierda.

- Discriminación: se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.

- Simplificación registral: establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados. Además, se prevé un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado.

- "Trabajador independiente”: se podrá contratar hasta otros cinco trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado, que estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratatantes de los servicios u obras”.

En la CGT rechazaron este punto porque consideraron que promueve la informalidad laboral. Lo llamaron “el ítem cuadrillas”. Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UxP) dijo que este artículo fue copiado de la legislación brasileña y señaló que “es una clasificación forzosa e incorrecta”. “Este artículo va a generar litigiosidad. Si hay un jefe y cinco empleados, se impone el principio de la realidad por más que lo llamen como quieran”, añadió.