En términos del conocimiento humano, frente a los límites surgen las preguntas. El Gobierno de Javier Milei no escapa a esa lógica. Sobre todo teniendo en cuenta su invocación discursiva de las “fuerzas del cielo”. ¿Cómo podrían fuerzas semejantes tener una limitación? El martes pasado, sin embargo, y como aquí se había avisado el viernes anterior, se toparon con una frontera. La marcha nacional en defensa de la universidad pública fue multitudinaria e histórica en diferentes ciudades. Como Buenos Aires. Como Córdoba. Como San Miguel de Tucumán.

En los hechos, tamaña movilización entraña un borde infranqueable. Un límite meridiano para la “motosierra”, la “licuadora” y demás metáforas precarias del ajuste que lleva adelante la gestión de La Libertad Avanza. Con la educación, no. Eso acaban de decir multitudes de argentinos aquí, allá y en todas partes.

Esa muralla social encarna derrotas de diferentes niveles para el todavía joven oficialismo nacional. En primer lugar, los libertarios perdieron la calle, que fue ganada por quienes se movilizaron para reivindicar la necesidad de financiamiento de la educación superior en la Argentina.

En segundo lugar, Milei perdió la compostura. Y, sobre todo, la lógica. El mismo día de la marcha hizo un posteo en su cuenta de “X” (ex Twitter) y volvió a hablar del “Principio de Revelación”. Antes lo había mencionado cuando la Cámara de Diputados frustró la sanción de la “Ley Bases” (acaba de recibir dictamen una segunda versión, signada por concesiones a la oposición). Según el jefe de Estado, había quedado expuesto quiénes querían el cambio y quiénes buscaban retener los privilegios. Ahora vuelve a usar ese concepto, para confirmar que, en los hechos, no es más que un elogio de la derrota. El esfuerzo por tratar de que un revés sea presentado como un triunfo moral. Pero es una falacia. Si el martes quedó expuesto algo es que el Gobierno está de un lado y un cantidad abrumadora de argentinos marcha en la vereda del frente.

La publicación, además, fue ilustrada con la imagen de un león que sostiene una taza con la leyenda “Lágrimas de zurdo”. Una versión vulgar (el Presidente ha confirmado que le gusta la chabacanería en la cena del miércoles en la Fundación Libertad) de esa proclama burda de que la universidad pública sólo se dedica a adoctrina estudiantes en el pensamiento de izquierda. Victoria Villarruel se graduó de abogada en la UBA. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, también. Santiago Caputo, consultor político, asesor presidencial y “arquitecto” de la estrategia electoral libertaria (según el propio Milei) pasó por dos universidades públicas: por la Universidad de la Defensa Nacional, donde estudió ingeniería informática, carrera que dejó para estudiar Ciencias Políticas… en la UBA. Patria Bullrich es politóloga egresada de la Universidad Nacional de San Martín. Queda claro que si la universidad pública adoctrina, viene haciéndolo consuetudinariamente mal…

En realidad, el adoctrinamiento que salió mal fue el de Milei. Al día siguiente, el miércoles, hizo otra publicación en la red “X”, esta vez extensa, y cambió el tono. Resultó ser que la defensa de la universidad pública era “una causa noble”, pero aprovechada por kirchneristas y radicales para intentar desestabilizar su gobierno. Por lo visto, el discurso oficial se desestabiliza solo.

La tercera derrota, precisamente, es la del “relato” libertario. El origen del conflicto con las universidades públicas nace del hecho de que la Argentina no tiene una Ley de Presupuesto 2024. El año pasado, cuando quedaron como los candidatos presidenciales para el balotaje, Milei y Sergio Massa acordaron que no se aprobase tal norma antes de que se definiera la elección. Un monumental caso de anomia, dado que la Constitución Nacional reserva el debate presupuesto como materia del Congreso, no de la Casa Rosada. Obviamente, ganó Milei. Él resolvió que, directamente, se prorrogara el Presupuesto 2023. Ahora bien, la inflación acumulada de 2023 fue del 211%, pero la actualización de las partidas para las casas de estudios fue exigua.

Según informa la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ejecución de partidas en el primer trimestre sufrió una reducción del 34% en comparación con los primeros tres meses de 2023. Con una inflación interanual que el mes pasado superó el 270%, la ACIJ da cuenta de que hay una caída del 72%, en términos reales, de la partida “Desarrollo de la Educación Superior”, que equivale a más del 90% del gasto total del Estado en el financiamiento de las 55 universidades públicas del país.

En este contexto, lo queda relativizado es el mentado “milagro” del que los representantes argentinos de las “fuerzas del cielo” han hablado esta semana para destacar que el país registra ya un superávit del 0,2%. Que haya equilibrio en las cuentas públicas es una gran noticia. Ahora bien, sería un “milagro”, después del alarmante e irresponsable déficit de 5 puntos del PBI que heredó el cuarto gobierno kirchnerista, si en verdad hubiera Presupuesto 2024. Es decir, si por ley estuviera fijado cuánto dinero recibirá cada área del Estado y, luego de ello, hubiera superávit. Pero hoy, cantar loas a un equilibrio fiscal a costa del ahogo de la educación superior es un salmo dudoso.

Por todo esto, la última derrota oficialista es nada menos que en el campo de las representaciones del imaginario colectivo. Ha quedado demostrado que la educación superior es un valor innegociable para incontables argentinos. Frente al ajuste universitario, la marcha del martes impuso un límite del cual emerge una pregunta básica: “¿por qué?”. Una de muchas respuestas radica en que la universidad pública es un remedio contra la casta. Pero no contra esa entelequia que es la “casta política”, concepción libertaria completamente lábil. Tan imprecisa y caprichosa que Daniel Scioli o el juez Ariel Lijo no son parte de ese grupo execrado hasta el paroxismo por el mandatario nacional.

La universidad pública ha sido el baluarte para que la Argentina no se convierta en una sociedad de castas. La Constitución Nacional prohíbe en su artículo 16 las prerrogativas de sangres, los títulos de nobleza y las inmunidades personales. Luego, las casas de estudio estatales (laicas, gratuitas, abiertas) se encargan de que esta no sea una sociedad estamentaria, también, porque permiten la movilidad social. Ellas hicieron y hacen posible para los hijos de los obreros el acceso a un título de grado. Con ello, hacen realidad el ascenso en la escala social. En definitiva, en la universidad pública se verifica el principio de que el origen de una persona no será su destino. Esa definición se expresa, en otras palabras, como la igualdad ante la ley. Una piedra basal del liberalismo, consagrado en el mismo artículo 16 de la liberalísima Carta Magna de los argentinos.

Eso salieron a defender miles y miles de ciudadanos en toda la Argentina. En la universidad pública, que dista de ser perfecta, se perfecciona una esperanza: la de que este país aún puede ofrecer un futuro mejor. El precio es el mérito. Nada hay más anticasta que eso. Lo que equivale a que entre los que marcharon estaban miles y miles de los que votaron a Milei por su prédica contras las “castas”. En otros términos, el oficialismo mordió el polvo de la derrota de la batalla cultural, y con sus propias huestes. ¿De quién, verdaderamente, son las lágrimas que bebe el león?