Representantes del Gobierno provincial y de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) avanzaron en una nueva reunión con miras al diseño de un modelo de participación público-privada (PPP) para reactivar la obra pública en Tucumán. Con distintos esquemas sobre la mesa, una de las claves pasa por hallar fuentes de financiamiento para poder concretar los proyectos habitacionales y de infraestructura vial que están suspendidos en la provincia.

Los empresarios, representados por Jorge Garber, ya formalizaron su propuesta ante el ministro de Obras Públicas, Santiago Yanotti. En síntesis, en cuanto a la ejecución de viviendas, la intención de la CTC es llevar adelante una reversión del primer programa “Procear”, con una operatoria combinada y funciones asignadas a cada uno de los sectores. Allí están contemplados tres actores: bancos (entidades con aval de la hipoteca del terreno), empresas (con el rol de generadoras del emprendimiento y constructoras de las casas) y el Gobierno (una idea es que aporte al pago de la infraestructura).

Ante una consulta de LA GACETA, Garber valoró el resultado de la reunión, que tuvo lugar el viernes, y que contó con la participación de autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). “Es parte de un proceso natural, de intercambio de ideas”, analizó. Y enfatizó que la intención de los empresarios es buscar la optimización de los recursos puestos en juego para el desarrollo de proyectos.

La CTC también aportó propuestas para la ejecución de obras en redes viales secundarias y terciarias, destinadas a la producción y al turismo. Se ofreció un plan de módulos de alquiler de maquinarias, para que el ritmo de los trabajos no se resienta debido a la falta de equipos y de insumos por parte de la planta estatal.

Con un próximo mitin previsto para mañana, el foco está sobre las iniciativas que están elaborando los equipos técnicos del Ipvdu.

La titular del organismo, Nora Belloni, señaló que están analizando dos esquemas, cuyas conclusiones están a la espera de las consultas gestionadas ante la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra). “Una vez que tengamos el marco legal, llevaremos la propuesta a Yanotti para su revisión”, indicó.

Advirtió que, más allá de los diferentes modelos que se manejan, todas las alternativas requieren inversión. “Para ello, hay que determinar el estado financiero de la Provincia”, dijo Belloni. Y recordó que están vigentes los programas federales que motivaron desarrollos habitacionales -“Procrear”, “Reconstruir” y “Habitar Comunidad”-. “Para cualquier intervención que se haga en obras de programas nacionales necesitamos que se bajen los convenios desde Nación. Y si bien formulamos los pedidos vía mail, nos respondieron que aún debe conformarse la estructura de los organismos”, contó.

Pese a la expectativa respecto de las definiciones por parte de la Nación y a los interrogantes sobre la disponibilidad de recursos provinciales, la intención es avanzar en los próximos días con un nuevo encuentro para exponer las iniciativas del Ipvdu.

La crisis que atraviesa la obra pública motivó la búsqueda de alternativas, ante la propuesta de la Cámara Tucumana de la Construcción de implementar un modelo de “PPP” que permita retomar los trabajos suspendidos en Tucumán.

Según coincidieron las distintas fuentes, desde octubre del año pasado -dos meses antes de que finalice la gestión de Alberto Fernández- las empresas dejaron de percibir los fondos de los programas de orden nacional. Este escenario se mantuvo tras la asunción del presidente, Javier Milei, quien había anticipado un plan de ajuste en las arcas públicas para alcanzar el déficit cero. Durante los últimos seis meses, producto de este escenario, se perdieron 3.000 puestos de trabajo en el ámbito de la construcción; un 25% del mercado laboral de este rubro, según había precisado a LA GACETA el secretario general de la Uocra en Tucumán, David Acosta.