“Estas basuras van a acabar con la vida de mi hija y la de muchas otras personas más”. Esa fue una de las frases más fuertes que utilizó una madre desesperada para pedirle a la fiscalía de Narcomenudeo que inicie una investigación por la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. Una causa que tiene la novedad de haberse utilizado la figura de agente revelador. Un expediente donde aparece que la banda contaba con apoyo policial para desarrollar su actividad. Dejó además al descubierto parte de la operación que realizan estas organizaciones en estos encuentros.
El auxiliar Carlos Berarducci, siguiendo las instrucciones del fiscal José Sanjuán, confirmó que una denuncia anónima realizada por una mujer abrió la pesquisa en agosto. “Mi hija va a esas fiestas electrónicas que duran entre 12 y 20 horas. Vuelve desorbitada porque toma pastilla y con olor a ‘porro’”, dijo la testigo.
La fiscalía inició entonces la investigación. Los primeros datos que consiguieron era que un tal “Fazio” o “El del 307 gris” era el que comercializaba éxtasis en afters clandestinos. Pero también descubrieron que la informalidad de los encuentros impedía avanzar con la pesquisa. “Descubrimos que, salvo las personas que participaban habitualmente en las reuniones, la difusión del lugar se hacía dos horas antes de que comenzara. Se difunden en redes sociales y se enviaban ubicaciones para que las personas puedan asistir”, comentó.
Táctica novedosa
Ante las complicaciones surgidas, el fiscal Sanjuán recurrió a una herramienta que está contemplada legalmente, pero no figura en el código procesal penal de la provincia: la figura del “agente revelador”. Se trata de una persona (normalmente un efectivo de una fuerza de seguridad) que, con autorización de un juez, puede recolectar pruebas para que sean utilizadas en contra de los sospechosos.
El agente entró en acción luego de que la fiscalía, a través de intervenciones telefónicas, identificara a los sospechosos. El agente se presentó en el domicilio de Emiliano Valdez (31 años) y adquirió, en dos momentos diferentes y del mismo día, casi 20 pastillas de éxtasis abonando más de $130.000.
El representante del Ministerio Público informó además que el mismo investigador se contactó con César Fernández Fazio (30) para comprarle dos pastillas. Pactó la compra y el vendedor le pidió que fuera a buscarla a otro domicilio. El agente fue hasta ese lugar y se la entregó a Valdez.
La teoría
Berarducci planteó la teoría del caso en la audiencia. Fernández Fazio (que ya fue investigado por la Justicia Federal por cultivar marihuana sin autorización), a través de una productora, organizaba fiestas clandestinas para comercializar drogas sintéticas. En tanto que Valdez podría ser un miembro de la organización y sólo se habría dedicado a la comercialización.
“El domingo, después de haber establecido el lugar de realización, se hizo un allanamiento en una fiesta que se hizo en Tafí Viejo. Allí se detuvo a Fernández Fazio que en su poder tenía pastillas que creemos que se trata de éxtasis y troqueles de LSD. En su vehículo, un Peugeot 307 gris, encontraron restos de cigarrillos de marihuana y más de $800.000. Mientras que a Valdez lo allanaron en su domicilio”, destacó el auxiliar fiscal.
Berarducci acusó de comercialización de drogas a los dos sospechosos. Pidió que el caso se declarara compleja para tener más tiempo de investigar y que se iniciara otro expediente al sospechar que los acusados contaban con apoyo policial para llevar adelante la actividad. Solicitó además que se le dicte la prisión preventiva por seis meses.
Los defensores de los acusados rechazaron cada uno de los planteos. El defensor oficial Pablo Canata y su auxiliar Maximiliano Movsovich (asistieron a Fernández) y Nelson Martínez (representó a Valdez), cuestionaron básicamente la legalidad del uso del agente reservado que podría derivar en la nulidad de la causa. También dijeron que no se demostró que los acusados se dedicaban a esta actividad. Por último no aceptaron que se le dictara la prisión preventiva.
El juez Guido Buldurini aceptó parcialmente los planteos del Ministerio Público. Aceptó la formulación de cargo y rechazó que la causa fuera declarada compleja. Por último, sí dispuso la prisión preventiva para los acusados, pero por sólo tres meses.