El trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC para reactivar la obra pública en Tucumán a través de un esquema de participación público-privada (PPP) está más cerca de materializarse.

Hoy se llevará adelante una nueva reunión entre los representantes de ambos sectores -el Estado y el empresariado- para unificar las ideas elaboradas por las partes, y así elaborar un proyecto final que será expuesto ante el gobernador, Osvaldo Jaldo.

La iniciativa genera expectativas no sólo entre la veintena de firmas asociadas a la CTC, sino también entre los trabajadores de la construcción, que perdieron más de 3.000 puestos de empleo (cerca del 25% del mercado laboral de la provincia) desde noviembre hasta hoy, producto de la crisis económica y de la suspensión en el envío de recursos federales para proyectos de obra pública.

Jorge Garber, presidente de la entidad que nuclea a los empresarios tucumanos, explicó en diálogo con LA GACETA que la intención es avanzar en esta etapa con la implementación del esquema “PPP” para dos rubros estratégicos: la edificación de viviendas y la ejecución de redes viales secundarias y terciarias (tanto para la producción como para el turismo), ambos aspectos en los que la provincia arrastra un déficit histórico.

Consensos

En noviembre pasado, un mes antes de asumir, el presidente Javier Milei lanzó una frase icónica relacionada a las obras públicas. “No hay plata”, advirtió el líder de La Libertad Avanza, en alusión a que el ajuste fiscal previsto para el inicio de su gestión implicaría también la suspensión de los envíos para proyectos de infraestructura ejecutados en las provincias.

Ante este escenario, y con una centena de expedientes en curso en Tucumán afectados por la falta de fondos federales, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, comenzó a analizar alternativas junto a los empresarios del rubro.

Más allá de que las propuestas del Estado y de la CTC todavía se encuentran en un formato de borrador, existe cierto consenso en cuanto al modelo de “PPP” que se espera utilizar en la provincia.

Sucede que en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos), la Nación propició la adjudicación de proyectos de participación público-privada en materia de obras públicas. Sin embargo, Yanotti aclaró en una entrevista con “Buen Día”, el matutino de LG Play, que si bien “el título es el mismo, las formas del modelo son distintas”.

En ese sentido, señaló el ministro, la principal inspiración es el “esquema uruguayo”, también replicado en otras provincias de la Argentina (incluso, resulta similar a la primera versión del programa “Procrear”). Así, en el caso de la ejecución de viviendas, la participación del Estado radicaría en el aporte económico sobre un aspecto clave, como la edificación de la infraestructura habitacional o el subsidio de la tasa crediticia; mientras que las empresas constructoras llevarían adelante la obra, y los ciudadanos deberían cumplir con una serie de requisitos para acceder al esquema de crédito propuesto por una entidad financiera. Así, la elección del beneficiario quedaría no tanto en manos del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), sino que se ajustaría a las condiciones del sujeto interesado en ingresar al crédito.

Yanotti remarcó que el déficit habitacional “es transversal a todas las clases económicas”, y mientras los sectores más vulnerables podrían obtener mejoras a través de otros programas (por ejemplo, mediante módulos o soluciones), este esquema estaría destinado a sectores que cuentan con ingresos suficientes para afrontar una cuota “más parecida a un alquiler”.

De todos modos, el ministro aclaró que, para ello, es clave que antes “bajen las tasas” en el mercado. “Lo que estamos haciendo es avanzar con los esquemas institucionales y con las discusiones financieras para que, cuando eso suceda, podamos empezar a aplicar este modelo”, explicó a LG Play.

En dos rubros

Garber valoró que, con el “esquema uruguayo”, el modelo de participación público-privada ofrece “muy buenas alternativas” a los beneficiarios, ya que si bien el Estado interviene -ya sea a través de un subsidio sobre la tasa de crédito o mediante la ejecución de la infraestructura-, el comprador cuenta con la opción de acceder a inmuebles de distintas características y precios, según surja de la oferta del mercado. “Cada empresa puede resignar o no utilidades”, explicó.

El titular de la CTC señaló que el principal objetivo en cuanto a lo habitacional está puesto en las 100 hectáreas del emprendimiento de Manantiales Sur, previsto inicialmente para el programa Procrear, pero suspendido a partir del cese en los envíos federales.

A ello se suma además la posibilidad de avanzar con obras viales en la provincia, a través de la creación de un consorcio caminero para el sostenimiento de la red productiva y turística. “Vamos a presentar una propuesta en cuanto a la red secundaria y terciaria de rutas”, anticipó.

Por ello, añadió Garber, en la reunión de este lunes en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas aguardan la participación de funcionarios del Instituto de la Vivienda y de la Dirección Provincial de Vialidad.

“Pensamos hacer una fusión entre lo que se viene trabajando desde el Estado y las propuestas de la CTC, para concluir en una sola herramienta y presentarla al gobernador Jaldo y al ministro de Economía y Producción (Daniel Abad)”, puntualizó.

El empresario afirmó que, más allá de este trabajo, con posterioridad se podría requerir la intervención del Poder Legislativo para la sanción de las normativas necesarias que permitan aplicar el modelo “PPP” en Tucumán. De todos modos, ratificó que la intención es comenzar a implementar este esquema durante el año en curso. “Las necesitamos trabajar ya”, sintetizó.