En medio de estrategias del Poder Ejecutivo para “contener” los gastos generados por el empleo público, en busca de sostener el equilibrio fiscal ante los recortes de la Nación y la caída en la recaudación, hay sectores de la oposición que impulsan propuestas que tienen ciertas aristas que pueden ir en ese sentido. Uno de ellos es un proyecto de ley para que se implemente el trabajo no presencial de manera voluntaria en la administración pública, lo cual reduciría costos y traería también beneficios a los trabajadores.

Los legisladores del bloque alfarista Compromiso Tucumán presentaron la iniciativa para el uso de las tecnologías de la información y comunicación de manera no presencial, aunque subordinada. Destacaron que esta modalidad laboral posee la aptitud de procurar beneficios tanto para el trabajador como para el empleador, e incluso para la sociedad.

La iniciativa del legislador Rodolfo Ocaranza, con el acompañamiento de Claudio Viña, Walter Berarducci y Rolando Alfaro, resaltó en los fundamentos que el trabajo a distancia “facilita el ahorro en costos de infraestructura y otros costos fijos en los establecimientos, debido a la menor cantidad de trabajadores que en ellos se desempeñan”. También resaltó que promueve un incremento de la productividad y la competitividad, en la medida en que la labor del trabajador se mide por resultados. Apuntó también a que con el trabajo a distancia se reducen las posibilidades de accidentes de trabajo.

En cuanto a los beneficios para el trabajador, el referente del PJS enumeró que se disminuyen o eliminan los traslados entre el domicilio y el trabajo; facilita el atender las responsabilidades como las personales (cuidados de hijos, atención del hogar, etc.); reduce o elimina riesgos de hostigamiento sexual; y contribuye a la inserción laboral de trabajadores con discapacidades.

En lo que concierne a los beneficios para la sociedad, Ocaranza fundamentó que hay un impacto ambiental favorable porque se reducen los desplazamientos y se alivia el tráfico vehicular; hay un menor consumo de energía; y se favorece el empleo de trabajadores de zonas alejadas o marginadas.

Considerandos

En el proyecto se remarcó que en los últimos años había signos de una necesidad de un crecimiento paulatino hacia la no presencialidad, las cuales se precipitaron a partir de la pandemia de covid en 2020. “La administración pública había permanecido significativamente ajena a esta evolución, con la solitaria excepción de la Provincia de Neuquén, cuya Ley N° 2861 establece un régimen para la promoción y difusión del teletrabajo”, se apuntó.

La iniciativa propone también la posibilidad de que, dentro de los seis meses siguientes al cambio de modalidad, los agentes involucrados puedan solicitar que se les permita volver a prestar servicios en las oficinas estatales. Además, en uno de sus artículos remarca que los agentes que ingresen a la administración pública bajo la modalidad de teletrabajo no tendrán derecho a solicitar que se les permita prestar servicios en las oficinas estatales con posterioridad.

“En síntesis: el proyecto que se eleva a consideración responde al afán de establecer un conjunto de reglas mínimas, que en el marco general del régimen de empleo público, establecido en el Estatuto sancionado mediante la Ley N° 5473, permita la implementación del teletrabajo como modalidad prestacional”, concluyó el proyecto.

En la Cámara está pronto a debatirse la iniciativa del Ejecutivo sobre el retiro voluntario durante cuatro años para agentes estatales, con el fin de reducir el gasto de personal. El legislador Viña opinó que se trata de un parche y presentó una iniciativa para que el retiro sea definitivo.