El Gobierno provincial puso la lupa sobre la partida de personal, que hace décadas representa la mayor fuente de desembolsos en el presupuesto. Y si bien no está previsto que se lleven adelante despidos masivos ni cierres de oficinas -como sí sucede a nivel nacional-, el Poder Ejecutivo (PE) de Tucumán avanza con tres estrategias para “contener” los gastos generados por el empleo público.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, avanzó este lunes con la última de estas medidas. Junto al ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, el mandatario firmó un proyecto de ley para establecer “la prohibición del desempeño de dos o más empleos públicos remunerados en todo el ámbito del Estado provincial”.

La iniciativa advierte que, en rigor, en Tucumán ya rige este impedimento. La Constitución de 2006 (artículo 9°) advierte que no podrán ser acumulados dos o más cargos “a sueldo” por parte de un único agente, incluso “cuando uno sea provincial o municipal y el otro, nacional”. Están exceptuadas la docencia, la investigación y los empleos de escala.

Más allá de esto, el Gobierno consideró que “resulta necesario el dictado de una norma” para “hacer extensiva” aquella prohibición “a la percepción de beneficios previsionales o de retiro”. “Los principios que inspiran la ética de los trabajadores del Estado promueven el dictado de las disposiciones orientadas a estructurar un régimen restrictivo, tendiente a reducir al mínimo la acumulación de cargos en la función pública”, expresan los fundamentos de la iniciativa, que ya fue girada a la comisión de Hacienda de la Legislatura.

Un plazo de 30 días

El artículo 2° del proyecto establece que quienes perciban un beneficio previsional -o haber de retiro- proveniente de cualquier régimen previsional (nacional, provincial y/o municipal) “cesarán en el ejercicio de sus funciones o empleo público provincial en un plazo de 30 días, a contar desde la vigencia de la presente ley”. No están abarcados quienes ocupen un cargo “cuya cobertura derive del voto popular”, aclara la propuesta.

El tercer apartado, a su vez, habilita a la autoridad “con competencia para designar a un agente o funcionario” a establecer excepciones “por razones de servicio debidamente justificadas”. Sin embargo, en este caso, el personal deberá optar entre el salario del Estado o sus haberes previsionales.

En el artículo 4°, en tanto, se incluye a quienes hubieren accedido al beneficio previsional “sujeto a la presentación del cese definitivo”, en el marco del régimen dispuesto para magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En estas situaciones, agrega el texto, los agentes “deberán dar cumplimiento al requisito de la presentación del cese definitivo en el ejercicio de sus cargos en el plazo de 30 días desde la vigencia de la presente ley”.

El último punto alude a los estatales que están en condiciones de acceder al sector pasivo. Más allá de las normas que regulan cada actividad o función, también contarán con un mes para iniciar los trámites pertinentes. “En caso de incumplimiento, se tendrán por terminadas las funciones del agente sin derecho a indemnización alguna”, advierte el texto. A la vez, se otorga idéntico plazo a los agentes que, “por su condición o actividad”, cuenten con la posibilidad de “optar o postergar el inicio del trámite para la obtención del beneficio”. En tales circunstancias, deberán comunicar a sus respectivas reparticiones “la voluntad de continuar en ejercicio de la función que desempeñan”. “En el caso de que no se manifieste expresamente en tal sentido, podrá ser intimado a iniciar los trámites pertinentes”, finaliza el artículo 5°.

Fuentes oficiales señalaron que este proyecto se suma a las disposiciones destinadas a “la contención del gasto público”. Y está vinculado a su vez con una segunda medida vinculada al personal del Estado provincial: los retiros voluntarios.

La Legislatura ya comenzó a analizar este texto, que establece un sistema para los agentes que cuenten con un mínimo de tres años de antigüedad.

Estas dos iniciativas -la prohibición de dos ingresos en simultáneo y los retiros voluntarios- se complementan con una decisión adoptada por Jaldo tras su asunción al frente del Gobierno provincial: la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) creada durante el manzurismo, que había representado una partida superior a los $10.000 millones en el ejercicio anterior; y la baja de las adscripciones en el ámbito del Ejecutivo para evitar los costos generados por los reemplazos.

Estas medidas se llevan adelante en momentos de una fuerte caída en los ingresos a las arcas provinciales, producto de los ajustes en las partidas nacionales (por ejemplo, por la eliminación de los subsidios al transporte y del Incentivo Docente) y de una reducción en la recaudación impositiva.

De todos modos, en un contacto reciente con la prensa, Jaldo envió un mensaje de “tranquilidad a todos los empleados públicos del ámbito provincial, municipal y comunal”. “Cuando firmamos paritarias, dijimos que la variable de ajuste no serán los trabajadores que vienen cumpliendo funciones, empleados de carrera y que pertenecen a la Administración Pública”, explicó el gobernador.