¿Quién tiene $20.000 diarios en el bolsillo para sustentar los gastos diarios de una familia tipo? La pobreza va subiendo en la pirámide socioeconómica. A tal punto que sólo tres deciles (valores que dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales, de manera que cada parte representa 1/10 de la muestra o población) le escapan a ese flagelo, en términos de ingresos. El Gran Tucumán-Tafí Viejo es una muestra de este empobrecimiento social. Dos de cada tres familias que se consideran de clase media sienten que al mes les sobran al menos 12 días para terminar con los ingresos que perciben por su trabajo. Van y vienen en las mediciones oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy la evolución de la pobreza y de la indigencia en los 31 aglomerados urbanos de la Argentina. En el mejor de los casos, puede que, en la muestra del segundo semestre de 2023, se repitan las tasas con las que arrancó el año: alrededor de 12 millones de argentinos, el 40% de la población urbana era pobre. En Tucumán, el índice será un poco más elevado, entre un 42% y un 44%, ya que la actualización brusca de los precios, que se observó luego de que Javier Milei asumiera como presidente de la Nación, tendrá su impacto en la medición del primer semestre de este año. Esto implica aguardar, al menos, hasta septiembre de ese año, cuando el organismo estadístico difunda su diagnóstico. Hasta entonces, tomando en cuenta las proyecciones de los funcionarios nacionales, la inflación ya estaría en torno de un dígito y, de ser así, el precio que más ha quedado rezagado en la economía, el del salario, podría recuperarse por la necesidad del sector privado de mejorar el consumo.

Todo esto quiere decir que la película sigue filmándose y que la foto de fines de 2023 será sólo eso, en esta Argentina donde un día se acuesta con un precio, pero al otro día se levanta con remarcaciones y otros aumentos.

La herida que ha dejado la actualización de los precios es demasiado profunda. Fueron años de pisar tarifas, la cotización del dólar, la indiscriminada emisión monetaria y esa gimnasia eterna de vivir artificialmente con ingresos que no existen ni en el Estado, mucho menos en el hogar. El endeudamiento es cada vez mayor y la tarjeta de crédito, en la mayoría de los casos, está detonada.

En la actualidad, ganar medio millón de pesos no garantiza bienestar. Tan sólo poder sobrevivir hasta que la economía muestre signos reales de recuperación. En ese camino, un dato para nada alentador acaba de conocerse: la actividad económica comenzó el año con una caída de 4,3% y acumuló 10 meses en baja. En otras palabras, nadie desembolsará un peso más de inversión hasta tanto haya signos de estabilización. El Gobierno sabe que este no es el mejor de los escenarios. Por eso ha realizado los deberes de tal forma que el superávit financiero del primer bimestre se financió con menos recursos para las jubilaciones y pensiones, y con menor reparto de recursos a las provincias. Coparticipó la crisis. Los gobernadores se sienten atados de pies y de manos. El ajuste se siente, pero se disimula con más impuestos. Una prueba de ello ha sido la actualización de las valuaciones fiscales en las propiedades y en los automóviles. La Dirección General de Rentas necesita recaudar y desde abril a junio, los impuestos patrimoniales subirán en torno de un 35%. Después, Dios dirá, pero no demandará a aquellos que aumentan la presión impositiva.

El salario es el único precio de la economía que no se actualizó al mismo ritmo que el resto. Por caso, en Tucumán un empleado registrado puede estar ganando, en promedio, unos $ 400.000. Si es el único sostén de la familia, ese grupo estará condenado a la pobreza. Esas necesidades básicas insatisfechas para llegar a fines de mes se desnudan en las mismas estadísticas oficiales. Alrededor de 122.000 personas que residen en el principal aglomerado urbano demandan otro empleo porque no pueden costear sus gastos mensuales con la ocupación principal. Para ser de clase media se necesitan más de $ 750.000 mensuales, señalan algunos consultores.

Pero los que peor la pasan son los informales, casi el 52% del total de asalariados de la provincia. Se trata de unos 150.000 trabajadores que cobran casi un 60% de las remuneraciones que el mercado abona a los empleados registrados, que no tienen cobertura de salud y que tampoco podrán contar, en el futuro, de una jubilación porque aquellos que los ocupan no les realizan los aportes.

En la Argentina, del total de ocupados, el 73,7% son asalariados -de ellos, el 35,7% no cuenta con descuento jubilatorio-, mientras que el 22,6% trabajan por cuenta propia, el 3,4% son patrones y el 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración. Esa es una postal que se replica hacia el interior profundo del país.

Si se proyectan las mediciones que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ha realizado hasta fines de 2023 y que dio una tasa de pobreza del 44,7%, en el Gran Tucumán-Tafí Viejo habría no menos de 411.000 personas pobres. El cuadro se pone más agudo si se toma en cuenta la otra proyección que la UCA ha realizado para enero pasado, con una tasa del 57%.

El círculo vicioso de apelar a la emisión monetaria para financiar el asistencialismo parece haber frenado. Con el objetivo de bajar la pobreza, se aumenta el gasto público. Pero como este se financia con emisión, la consecuencia es que se acelera la inflación. Como las familias más vulnerables dependen decisivamente de sus ingresos como trabajadores informales, la inflación reduce su poder de compra, lo cual provoca más aumento de la pobreza explica un informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa). El gasto asistencial se acercó a una suma equivalente a los salarios de los empleados públicos y a un tercio de las jubilaciones contributivas. La acelerada expansión del asistencialismo no sirvió para bajar la pobreza, pero sí para convertirlo en un componente muy importante del gasto público total con poderosos intereses que resisten su revisión, evaluó aquella entidad cuando realizó un balance de lo que dejó la administración de Alberto Fernández a su sucesor Javier Milei.

El combate contra la pobreza y contra la indigencia no sólo es a través de los ingresos de los sectores más vulnerables de la sociedad. La estabilidad de los precios puede ser una clave, pero tampoco lo es todo. Hace unos años, el recordado economista, docente y periodista Tomás Bulat patentó una frase que resume lo que el Estado, en general, y cada individuo en particular, debe motorizar para encontrar la luz al final del túnel. “Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud”. La frase de Bulat sigue tan vigente como sus explicaciones acerca de cómo combatir el fenómeno inflacionario. Eso debería constituirse en la piedra basal para abandonar tantos años de postergación de una Argentina que se acostumbró a vivir en la crisis. El desafío no es menor si se tiene en cuenta que un 30% de los chicos que asisten a escuelas de gestión privada está en situación de pobreza; que tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes padecían inseguridad alimentaria en 2023, uno de ellos en condiciones severas, que el 62,9% de niños y adolescentes escolarizados en Argentina viven en la pobreza. Esa es la hipoteca que hay que saldar para pensar luego en un país en desarrollo.