“No vamos a tolerar situaciones como esta en la fuerza. Ya están afuera, cuando vuelva de Salta firmaré los decretos para que sean expulsados”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo al confirmar que expulsarán a cinco agentes por inconducta y por estar acusados de delitos.

El caso más resonante se registró el domingo a la madrugada. Tres policías de civil hirieron a un empleado municipal al tratar de eludir un control de alcoholemia en avenida Suipacha y Sarmiento. Según consta en la denuncia policial, le apretaron un pie cuando escapaban. La escena fue filmada por un agente de tránsito y luego viralizada por las redes sociales. En las imágenes se pudo observar a la agente María Pía Gramajo (foto) intentando hacer valer su condición de Policía. Ella y sus dos compañeros Nicolás Agustín González y Santiago Miguel Brunetto corrieron la misma suerte. En el incidente participó otra joven, pero no pudo ser identificada.

Benjamín Orrillo se transformó ayer en el cuarto agente que quedó fuera de la Policía. Este uniformado quedó involucrado en una causa de narcomenudeo, por lo que se solicitó su baja inmediata.

El quinto efectivo que quedó al borde de ser cesanteado es Sergio Javier Ponce, que fue procesado por ser uno de los acusados de participar en el intento de huelga policial desarticulada hace poco más de un mes. El agente, al que se le dictó el arresto domiciliario, no había cumplido con todos los requisitos para ingresar a la fuerza.

“Es una orden del gobernador y vamos a cumplirla a rajatabla. No se puede tolerar este tipo de acciones”, explicó el jefe de Policía Joaquín Girveau. “Los hombres y mujeres deben entender que no cualquiera puede llevar este uniforme. Los que lo hagan, deben tener un comportamiento ejemplar. Y los que cometen delitos, deben estar en un calabozo. No nos temblará el pulso para tomar este tipo de medidas”, agregó en una entrevista con LA GACETA.

Los efectivos cesanteados ingresaron a la Policía en 2022 y sus edades oscilan entre los 24 y 29 años. Todos eran Personal Transitorio Policial, por lo que con un simple decreto, pueden ser expulsados de la fuerza sin ningún otro trámite administrativo.