Un informe de la Fundación Libertad y Progreso señala que en el acumulado de 12 meses hasta el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible), de las 33 empresas relevadas por el Ministerio de Economía, 25 registran un déficit operativo. Es decir, el 75% no llega a compensar con sus ingresos lo que pierden por operar.

El déficit operativo sumado de las 33 empresas del sector público nacional no financiero fue de $ 1,3 billón en los 12 meses hasta septiembre de 2023 (último dato disponible), equivalente a unos U$S 2.897 millones al tipo de cambio financiero.

A propósito del pronunciamiento de los Gobernadores de las provincias patagónicas en favor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) el informe destaca que la empresa cubre con ingresos de operación apenas el 8% de sus gastos operativos. Con esto, YCRT se posiciona como la sexta empresa pública con peor relación entre ingresos y gastos de operación.

Según la radiografía de las compañías estatales, los mayores déficits operativos los registran Energía Argentina (ENARSA), Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (OFSE) y Aerolíneas Argentinas; estas tres empresas explican el 81,6% del déficit operativo total. Entre el grupo minoritario de las superavitarias destaca Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), con un resultado positivo acumulado de $ 69.182 millones.

Mantener un ecosistema de empresas públicas deficitarias tiene importantes costos en términos fiscales y demora la potencial reducción o eliminación de impuestos distorsivos, algo necesario para empezar un proceso de reactivación económica, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA. El rojo de las empresas deficitarias es equivalente a 0,95% del PBI o 3,8% de la recaudación tributaria nacional. Para dar dimensión, es equivalente a todo lo recaudado en el mismo período por derechos de exportación, el 166% de lo ingresado por Bienes Personales o el 54% de lo recaudado por Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, más conocido como impuesto al cheque.

Sumado, el déficit operativo de estas empresas es 2,2 veces lo que se destinó en recursos al Ministerio de Salud en 2023 o el 55% lo destinado al Ministerio de Educación, compara la fundación. A su vez, tomando el promedio del costo de la canasta básica alimentaria de los doce meses comprendidos hasta septiembre de 2023, encontramos que con el déficit de las empresas públicas se podrían haber comprado el equivalente a 3,5 millones de Canastas Básicas Alimentarias durante un año.

Según la Fundación Libertad y Progreso, la operación de las empresas públicas tiene costos que están directamente vinculados a sus pérdidas operativas, que terminan siendo cubiertas por transferencias del Estado Nacional o, lo que es lo mismo, por los contribuyentes argentinos. Esto independientemente de lo que los ciudadanos reciban a cambio de su aporte o de la verdadera utilidad social de la empresa. Ese es el argumento que, a su criterio, impulsa la privatización de las empresas públicas y la desregulación de los sectores económicos donde operan para asegurar la proliferación de la competencia y la inversión, tal como lo ha postulado la gestión del presidente Javier Milei.