En octubre de 2016, el entonces gobernador Manzur y su vice, Jaldo, se comprometieron ante la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) a adherir a Tucumán a la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. En la apertura del periodo ordinario de sesiones legislativas (febrero 2024), el ahora gobernador Jaldo volvió a prometer lo mismo (¿cumplirá con su palabra esta vez?). El Pacto Internacional de Lima de 2000 dice que “el acceso a la información es un derecho de las personas y una exigencia de una sociedad democrática. La información no es propiedad del Estado, pertenece a los ciudadanos y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del Gobierno”. Suecia en 1766 y Francia en 1794 hicieron del acceso a la información un derecho cívico. El soporte jurídico lo tenemos en: 1) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (año 1948). 2) El Pacto de San José de Costa Rica (año 1969). 3) La Convención de la ONU contra la corrupción 4) Otros. Cabe destacar que a todos se adhirió la Argentina mediante sus respectivas leyes. Nuestra provincia tampoco tiene una Ley de Transparencia y Ética Pública, lo que favorece y potencia el crecimiento y el desarrollo de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, etc., todos responsables del dolor, las muertes y de muchas de las miserias que padecemos. Lo grave es que cada día que pasa parecemos más súbditos y siervos de un régimen absolutista monárquico que ciudadanos y las instituciones públicas con competencia en la defensa de los Derechos Humanos que funcionan en Tucumán, permanecen sordos, ciegos y mudos ante esta situación.
Juan Francisco Segura
segurajuanf@hotmail.com
Fe de erratas I
No hubo acusación de la Intendencia contra Germán Alfaro.
En nuestra edición del domingo 10 de marzo, se tituló en página 1: “Chahla denunció a Alfaro por administración fraudulenta”, lo cual es erróneo. En realidad, se informó que la intendenta Rossana Chahla acudió a la Justicia para que se investiguen presuntas irregularidades en la administración del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). La presentación judicial fue hecha por el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, a partir de una auditoría encargada al estudio Concilio & Sarralde. El fiscal municipal sostiene en su escrito que el Consorcio habría sido utilizado para la realización de obras en beneficio de la gestión alfarista en la Municipalidad. Pedimos disculpas por la errata.
Fe de erratas II
La foto de la tragedia de los andes que se publicó el 10 no es de “La sociedad de la Nieve”, sino de “Viven”.
En la portada de nuestra edición del domingo 10 de marzo, se publicó una imagen de la tragdia de los Andes tomaba de la película ‘¡Viven!’ y se indicó erróneamente que era de la serie “La sociedad de la nieve”. Pedimos disculpas por la errata.