La Justicia le dictó la prisión preventiva a un abogado por haber promovido el ejercicio de la prostitución en su vivienda particular. Los pesquisas ahora están tras los pasos de otra persona que estaría involucrada.

La investigación se inició en septiembre de 2023. Una persona llamó al servicio 911 para informar que en una vivienda de Las Piedras al 1.100 había una casa donde podría estar funcionando un prostíbulo. Según el testigo, había observado que unas 10 mujeres, entre ellas adolescentes de entre 14 y 16 años, ingresaban y salían de la casa. También informaron que ingresaban hombres desconocidos a toda hora del día y que un joven, que se hacía pasar por cuidacoches, podría haber realizado tareas de vigilancia.

Los hombres de Trata de Personas comenzaron a analizar la denuncia. Identificaron el domicilio y descubrieron que al menos dos mujeres, en diferentes horarios, salían de la casa y observaban lo que sucedía en la zona. También comprobaron que en www.skokka.com, una página donde se promocionan servicios sexuales, se publicaban avisos de jóvenes que ponían como lugar de encuentro la casa que estaba siendo investigada. Varias de ellas utilizaban el mismo número de teléfono celular, lo que les permitió sospechar de que se trataba de una misma organización.

En enero, un joven denunció que estaba parado en Las Piedras al 1.100 y que de la casa sospechosa observó a un hombre que trasladaba a una adolescente de unos 14 años. “Paró un vehículo negro y descendió una mujer de 40 años. Ella fue hasta la puerta trasera del vehículo, la abrió y salió una niña de 14 años y le dijo ‘estoy cansada, me quiero ir a casa’, la persona mayor le contestó ‘quédate un rato más’ y observé que la hizo ingresar a la fuerza a la casa”, declaró el testigo.

Los pesquisas siguieron sumando evidencias. Entrevistaron a varias personas que confirmaron su sospecha de que allí funcionaba un prostíbulo y que el movimiento era de todos los días a partir de las 15. “Vienen hombres caminando, en sus vehículos particulares o hasta en Uber”, declaró otro testigo.

Allanamiento

“Esto era cualquier cosa. Nos asustamos mucho cuando descubrimos que podría haber menores involucradas”, indicó una vecina que pidió que su nombre se mantuviera en reserva para evitar represalias. “Hicimos la denuncia llamando al 911 a principios o mediados de febrero. Pensábamos que no pasaría nada, pero nos sorprendimos cuando se realizó el allanamiento”, añadió.

Los pesquisas, dirigidos por la fiscala Alejandra Navarro, sumaron las pruebas necesarias y solicitaron que se realizara un allanamiento. “Nuestro mayor miedo era que en el lugar haya menores de edad”, confió una fuente de la investigación.

Los policías se presentaron en el domicilio y descubrieron que había tres mujeres mayores de edad. Reconocieron que estaban ahí por su propia voluntad y que ejercían la prostitución para poder alimentar a su familia.

“El lugar era un desastre. Había sólo dos habitaciones donde las mujeres atendían a sus clientes. El responsable vivía en una pieza ubicada en el fondo”, comentó una fuente judicial.

Las mujeres, después de haber sido revisadas e interrogadas, fueron dejadas en libertad. Los policías detuvieron a Esteban Javier Lobo Campero al sospechar que era la persona que regenteaba el lugar.

Al controlar los documentos del sospechoso, descubrieron que era abogado, pero que en estos momentos tiene su matrícula suspendida. No trascendieron los motivos por lo que no puede actuar profesionalmente.

“Por fin hicieron una investigación como la gente. Creíamos que estábamos equivocados; en realidad, queríamos que fuera así por una sola razón: de ahí vimos salir a niñas. No puede ser que haya personas que hagan algo así con ellas”, se lamentó Gustavo, otro vecino.

Con preventiva

El lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos. El aufiliar Eduardo Giordano, siguiendo las instrucciones de Navarro, lo acusó de haber alquilado a un grupo de mujeres el inmueble para que ejercieran la prostitución a cambio de que le pagaran $160.000 por mes y que dividieran los gastos de los servicios de agua, luz y gas.

Solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días. El defensor Pablo Rodríguez se opuso y el juez Lucas Taboada aceptó el planteo, aunque por 21 días.