Cada vez que un policía queda involucrado en un delito, gran parte de la sociedad explota. Esta reacción tiene dos razones. La primera, consideran como imperdonable que una persona que tiene como misión cuidarlos use el uniforme para delinquir. La segunda, explota la confianza que debería tener un ciudadano con los miembros de la fuerza.
La falla que comete un efectivo significa un golpe para toda la institución. En apenas una semana, la Policía, por el accionar de algunos de sus hombres quedó al borde del nocaut por tres episodios. Cuatro uniformados fueron detenidos por haber intentado organizar una huelga policial en plena paritaria. Tres efectivos en actividad y otro en disponibilidad (está acusado de integrar una banda de escruchantes) quedaron involucrados en el secuestro extorsivo de un supuesto vendedor de flores de marihuana. Otro miembro de la fuerza fue procesado por haber vendido una “tumbera” de la que nunca se supo cuál era su origen sembrando sospechas sobre cuál es el final de las armas que se secuestran. Demasiadas malas noticias para tan poco tiempo y en medio de una crisis social y económica que abonan las tentaciones.
Estos casos generaron preocupación y una reunión en la Casa de Gobierno. El jefe de Policía Joaquín Girveau le pidió al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa que se modifique un punto de la Carta Orgánica de la fuerza que ya tiene más de 50 años. Cree que hay que cambiar la norma que rige para atender la situación de los efectivos que afrontan procesos penales. Actualmente son más de 400 los que estarían con problemas legales y que siguen prestando servicios. “El problema es que aquí se puede aplicar la teoría de la manzana podrida. Uno puede tentar a muchos más”, indicó un comisario.
Un efectivo que queda involucrado en una causa procesal puede sufrir dos consecuencias. Queda disponible o pasivo. La diferencia es que se le puede asignar otra tarea con una quita de sus ingresos o directamente se lo separa de la fuerza. Pero si su situación procesal no cambia en dos años, legalmente pueden exigir su inmediata reincorporación. Las autoridades pretenden que se aplique el mismo recurso utilizado con los agentes que son Personal Transitorio Policial (PTP). Son exonerados con un simple decreto si quedan involucrados en un hecho delictivo. Buscan aplicar el mismo sistema que utilizan las fuerzas federales en la que no esperan el resultado de una causa para separarlos definitivamente.
Ejemplos
La mora judicial de nuestra provincia agrava el problema. Sobran los ejemplos. En julio de 2003, el ex comisario Alfredo Pineda participó de un operativo con otros cuatro uniformados en el que murieron cuatro hombres que supuestamente estaban por asaltar a un camión. Nueve años después afrontó un tribunal. La fiscala Alicia De Blasis de Morelli había pedido la absolución de los policías acusados de matar con “alevosía y ensañamiento” a las víctimas, con excepción de Pineda, para quien solicitó cinco años de prisión por homicidio culposo. La representante del Ministerio Público consideró que el uniformado tenía reducido a uno de los fallecidos cuando disparó varias veces contra su humanidad. Los jueces del Tribunal de Concepción, sin embargo, resolvieron absolver a los acusados en abril de 2012. Los imputados declararon que ellos habían actuado en defensa propia. Pero una frase de Pineda fue clave: “Me siento orgulloso de que, a partir de aquel hecho, nunca más hubo piratas del asfalto”.
Este oficial siguió en la fuerza y logró ascensos que le permitieron llegar al grado de comisario. Pero también acumuló causas en su contra, varias de ellas por los excesos que cometía cumpliendo su deber. Pero hubo una gota que colmó el vaso: fue detenido en febrero de 2019 acusado de robar cables del alumbrado público. Su arresto se produjo dos meses después de que el ex gobernador Juan Manzur le entregara una medalla de oro por el trabajo que venía realizando en el sur de la provincia. Dos meses después, su nombre formaba parte de la lista de comisarios que pasaron a retiro.
Richard Leopoldo Nadal estaba prestando servicios cuando fue detenido el año pasado por sus vínculos con una banda narco. Es uno de los efectivos que en 2013 fue procesado por haber participado en la sedición policial que derivó en los saqueos en diciembre de ese año y que actualmente está siendo enjuiciado. Después de casi siete años, Claudio Alejandro González es un guardiacárcel que está acusado del crimen de Fernando Sebastián Medina, el testigo que contó cómo eran los engranajes de la venta de drogas en el penal de Villa Urquiza. También es uno de los 18 señalados por la Justicia Federal de integrar una organización que se dedicaba al tráfico y a la comercialización de sustancias en la cárcel. El imputado no sólo sigue prestando servicios, sino que las autoridades del Servicio Penitenciario sugirieron que sea nombrado jefe de Recursos Humanos en julio de 2020.
Expectativas
Como ocurre normalmente, los cuestionamientos y las nuevas ideas no tardaron en aparecer. Otra vez se habló de la creación de una oficina de Asuntos Internos para controlar la conducta de los policías. Desde hace siete años que en nuestra provincia se discuten estas iniciativas y no prospera ningún proyecto. No hubo legislador de la oposición ni del oficialismo que no haya planteado la posibilidad de la creación de un organismo de estas características. Pero nunca se sentaron en una mesa los representantes de los tres poderes del Estado para buscar una solución. Todos son esfuerzos aislados que terminan siendo estériles. Nadie, por ejemplo, tiene en cuenta que hay efectivos que están complicados en causas penales y siguen prestando servicios.
Ninguno de los tres casos registrados la semana pasada está cerrado. Hay expectativas con lo que puede ocurrir en el caso del secuestro extorsivo, ya que se sospecha de la participación de más efectivos. También hay que estar atentos con los uniformados detenidos por haber intentado realizar una huelga policial. Trascendió que, al enterarse que el abogado Gustavo Morales continuara el proceso en libertad, se sintieron abandonados por los que están detrás de todo el movimiento. Por ese motivo estarían dispuestos a hablar, a tirar más nombres y confirmar que todo este movimiento tuvo un trasfondo político. ¿Se animarán?