El legislador José Cano (UCR) encendió las alarmas por la actuación del Poder Judicial en Tucumán y anticipó pedidos de informe en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Tucumán.

El referente radical hizo referencia al caso del femicidio ocurrido este fin de semana en San Cayetano y lo vinculó con la detención del abogado Gustavo Morales en el marco de la causa que investiga una presunta sedición policial."Un femicida pudo actuar libremente para asesinar a su víctima, pese a las denuncias en su contra no se actuó con celeridad para evitar una tragedia, aunque sí hubo show mediático para detener a un abogado sin más elementos que un mensaje en una red privada vinculado con su labor profesional. Alguien debe dar explicaciones de tantas desprolijidades", apuntó Cano.

"El taxista tenía denuncias en su contra, había una orden de restricción, pero igual pudo matar a su ex pareja. No se aprendió nada de las tragedias similares que ya ocurrieron en Tucumán. La Justicia debió actuar con mayor firmeza y compromiso para evitar estas situaciones", expresó.

"Por otro lado, lo sucedido con el abogado Morales fue un claro atropello que no debió ser tolerado por los tucumanos. La Justicia debió investigar cada denuncia, pero con respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales. Las operaciones judiciales con tufillo político nunca pudieron ser toleradas", señaló.

Cano resaltó que "la constitución garantiza a todos los justiciables el derecho de defensa y a tales efectos asignó un defensor técnico letrado en todas y cada una de las causas. Todo delito, incluso los más graves, reconocen la intervención de la defensa técnica como presupuesto de legalidad del proceso legal de que se trató".

"Teniendo en cuenta que la ley 5233 en su artículo 5° prescribe que 'en el desempeño de su profesión el abogado fue asimilado a los magistrados en la cuanto atañe a la consideración y respeto que debió guardárseles', generó extrema preocupación la detención de un letrado matriculado y el allanamiento de su estudio jurídico fundado exclusivamente en su actividad profesional de asesoramiento y sin que se dieran a conocer las razones que justificaron tales disposiciones", concluyó Cano.